La defensa de Urralburu afirma que los delitos de cohecho han prescrito y pide su absolución

Gabriel Urralburu, ex presidente socialista del Gobierno de Navarra, no pudo cometer delitos de cohecho porque de él no dependía la contratación ni dictó ningún acto de adjudicación de obras, según manifestó ayer su abogado, Javier Asiaín, al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales durante la recta final del juicio que se sigue en la Audiencia de Pamplona por la trama navarra del caso Roldán. El letrado negó que su cliente haya cometido dos delitos fiscales, aseguró que los cohechos han prescrito y pidió su libre absolución.

Javier Asiaín se empleó a fondo y consiguió atraer la atención del tribunal, del fiscal y de las numerosas acusaciones personadas en la causa. Terminó su defensa con una frase que utilizó Bartolomé de Carranza, ilustre jurista navarro, cuando se defendía a sí mismo: "Una aplicación ejemplar de la ley penal conduce a la mayor de las injusticias".En el banquillo, Gabriel Urralburu asentía con la cabeza a todos los argumentos de su abogado, observaba las reacciones del fiscal, Javier Muñoz, y derrochaba su frialdad habitual. Al contrario que Antonio Aragón, su exconsejero de Obras Públicas, no ha mostrado a lo largo de la vista muestra alguna de arrepentimiento. La acusación pública pide para él once años de cárcel por un delito de cohecho continuado y dos por delito contra la Hacienda Foral.

La prescripción del cohecho fue la primera baza jugada por el letrado de Urralburu. Según él, no ha quedado suficientemente acreditado que se cobraran comisiones ilegales por el embalse de El Ferial, construido por Huarte y cuya fecha de adjudicación, el 30 de julio de 1990, ha servido de referencia a las acusaciones para defender que no han pasado los cinco años de plazo que marcan la prescripción.

El letrado, dando por buena esa tesis, dijo que habría que remontarse a otra obra diferente, la de la Variante Este, de Pamplona, adjudicada el 14 de octubre de 1989, fecha a partir de la cual habría prescrito el cohecho.

El fiscal y los peritos sostienen que ocho constructoras pagaron 770 millones a Urralburu, Aragón y los demás procesados, entre ellos sus esposas, así como a Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, y Jorge Esparza, el testaferro de éste.

Asiaín negó que las fichas suizas, en las que aparecían contabilizadas estas comisiones, sirvieran como prueba y rechazó el exhaustivo informe pericial, a cuyos autores acusó de falta de neutralidad. A continuación basó su defensa en que el expresidente no es un órgano de contratación de obras ni dictó actos administrativos.

El abogado negó que el cambio de subasta a concurso lo planteara el procesado y extendió la responsabilidad de esta decisión y de todas las adjudicaciones a todo el Ejecutivo. "No está acreditado que contribuyera con su voto a apoyar a una determinada empresa. Y, en el supuesto de que hubiera asistido a esas votaciones, la responsabilidad sería de todos los miembros del Gobierno. Y hasta del Parlamento, que aprobó los presupuestos", apostilló.

Sobre el cohecho, el defensor de Urralburu afirmó que éste no ha recibido "personalmente" las cantidades que se le atribuyen ni ha llevado a cabo "personalmente" las inversiones en inmuebles y sociedades detectadas. Asiaín insistió en que las dádivas de las constructoras se ingresaron en la sociedad Residencial Menorquina, propiedad de Olivia Balda, la mujer del ex presidente. Y dijo que esas cantidades no se pueden cargar a efectos fiscales sobre su cliente.

Finalmente, dijo que es insólito que se acusara a Urralburu de dos delitos fiscales por no declarar lo que habría obtenido ilegalmente. Asiaín volvió a utilizar un argumento que ya rechazó la Sala durante las cuestiones previas: que la Hacienda navarra no se incluyó como sujeto pasivo hasta 1995 y que, por tanto, las defraudaciones en la comunidad foral no existieron hasta entoncer. Para los legisladores, hasta entonces Navarra estaba incluida en la denominación "comunidades autónomas".

La defensa de Antonio Aragón, mientras, solicitó que su cliente sea absuelto pues no recibió comisiones sino dádivas. En caso de que no lo sea, pidió que la condena sea inferior a dos años por la aplicación de cinco atenuantes. Entre ellas destaca que Aragón su capacidad de discernir no era plena, que su arrepentimiento es sincero y que ha reparado en lo posible el daño causado.