El PSOE presentó 26 recursos contra la financiación autonómica
Las comunidades gobernadas por el PSOE -Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura- han presentado en dos años un total de 26 recursos de inconstitucionalidad contra las leyes que desarrollan el nuevo modelo de financiación autonómica. Entre éstos 26 hay que incluir uno presentado en 1996 por el parlamento asturiano, donde los votos de IU y PSOE se sumaron para recurrir este modelo ante el Tribunal Constitucional.
Este modelo de financiación, impulsado por el Gobierno tras su pacto con los nacionalistas, es el que centra la conflictividad entre el Estado y las Autonomías, según los datos presentados ayer por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Jorge Fernández Díaz.
El secretario de Estado, que considera los recursos presentados contra la financiación autonómica un "asunto puntual y coyuntural", reconoce que desde que el PP llegó al Gobierno la conflictividad Estado-comunidades autónomas ha aumentado, (de hecho prácticamente se ha duplicado) aunque señala que en el año 1997 se ha reducido un 15% con respecto al primer año en el Gobierno del Partido Popular, 1996.
Fernández Díaz cree que presentar 26 recursos por este modelo de financiación es "exagerado", y recuerda que cuando los socialistas comenzaron a desarrollar el modelo en su último Gobierno, sólo la comunidad de Galicia recurrió al Tribunal Constitucional, aunque los populares gobernaban en varias autonomías. Este recurso fue retirado con la llegada del Partido Popular al Gobierno.
En cuanto a los recursos presentados por el Estado contra las comunidades autónomas, la mayoría se refieren a los aumentos de retribución de los funcionarios públicos de algunas autonomías -que según el Gobierno contrariaban lo estipulado en los Presupuestos Generales del Estado- y a las condiciones de acceso a la función pública, ya que en algunos casos, según Fernández, "no se han respetado los criterios establecidos por la Constitución".
Conflictos catalanes
Cataluña presentó el 75 % de los conflictos de competencia contra el Estado de 1997. Éstos se interponen cuando la norma a la que se refieren no tiene rango de ley, por lo que no se puede plantear un recurso de constitucionalidad. El secretario de Estado explicó que la mayoría de ellos se refieren a la concesión de ayudas y subvenciones.Fernández Díaz insistió en que se puede ver una clara tendencia a la baja de la conflictividad entre el Estado y las autonomías, y lo achacó a tres causas: el refuerzo de la cooperación entre los dos organismos, el hecho de que cada vez haya una doctrina más clara del Tribunal Constitucional y el aumento de las resoluciones extraprocesales de estos conflictos por la vía de la negociación entre los responsables estatales y autonómicos.
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