Las acusaciones destacan que Aragón depende, por "lealtad", de Urralburu

Las acusaciones del caso Urralburu, la llamada trama navarra del caso Roldán, terminaron ayer de exponer sus conclusiones definitivas. Las últimas en hacerlo, el Parlamento de Navarra y UPN, destacan la "lealtad y dependencia psicológica" de Antonio Aragón, exconsejero de Obras Públicas, respecto a Gabriel Urralburu, expresidente del Gobierno de la comunidad, de quien dijeron que actuó con más "malicia" que los otros procesados por el cobro ilegal de comisiones a constructoras.

Gabriel Urralburu, ex presidente socialista del Gobierno de Navarra, y su esposa, Olivia Balda; Antonio Aragón, exconsejero de Obras Públicas, y la suya, Isabel Romeo; Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, y Javier Esparza, el testaferro de éste, procesados en el caso Urralburu (cobro ilegal de comisiones a constructoras a cambio de la adjudicación de obras de la comunidad), afrontan esta semana la recta final de su juicio, que se viene desarrollando en la Audiencia de Pamplona. Ayer se cerró el turno de las acusaciones para exponer sus conclusiones definitivas y hoy comenzarán el suyo las defensas.El Parlamento y Unión del Pueblo Navarro (UPN-PP), a través de sus respectivos letrados, fueron las últimas partes personadas como acusaciones que plantearon sus informes finales. La primera solicita once años de prisión tanto para Urralburu como para Aragón mientras que la segunda los eleva a doce. Para los restantes acusados se piden entre cuatro y dos.

Ambas rechazaron, pues, la prescripción de los delitos juzgados y -como el fiscal del Estado, el Ejecutivo regional, HB e Iniciativa Ciudadana- pidieron al tribunal una sentencia condenatoria que "restituya" la confianza de los ciudadanos [en las instituciones].

Sus abogados destacaron la "lealtad y dependencia psicológica" de Aragón respecto a Urralburu, de quien dijeron que actuó con más "malicia" que el resto de los procesados. En su opinión, los hechos que se les imputan son "gravísimos" y han causado a la sociedad un gran daño "económico y moral".

Pablo Díez Lagos, el letrado de la Cámara autonómica, atacó de forma especial a Urralburu y apuntó que "sabía" muy bien "lo que hacía" cuando, al comienzo de su segunda legislatura, decidió destituir a su anterior consejero de Obras Públicas para dar ese cargo a Aragón. Así, asesorado siempre por Roldán y Esparza, podía dar sus "directrices" a alguien totalmente dependiente de él y "controlar" las adjudicaciones de las obras.

El otro letrado, Carlos Salvador, resaltó, a su vez, cómo Urralburu se sirvió de todos los "artilugios impensables" para ocultar el "desaforado" aumento de su patrimonio y mostró su convencimiento de que el dinero detectado ha sido mínimo.

Los dos coincidieron en que Urralburu y Aragón sólo pensaron en enriquecerse, para lo cual recurrieron a abrir cuentas bancarias en Suiza en las que depositar sus comisiones y que fueron vaciadas una vez que estalló el escándalo Roldán.