Comienzan los interrogatorios a los jueces del "caso Marey" sobre la revelación del fallo

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Ángel Rodríguez, interrogó durante la mañana de ayer a cuatro de los 11 magistrados que han integrado el tribunal del caso Marey. Los jueces fueron llamados por el instructor para esclarecer la anticipación a este diario de las penas impuestas a José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad. Al fuerte malestar de los magistrados por la divulgación del fallo se ha unido la indignación que les produce ser investigados sobre el origen de la fuga informativa.

La investigación sobre la fuga de información que permitió adelantar a este periódico el fallo del juicio por el secuestro de Segundo Marey se inició ayer con reuniones entre el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Ángel Rodríguez, encargado de tramitar las diligencias, y cuatro de los 11 magistrados que han deliberado sobre la sentencia. Los siete restantes prestarán declaración mañana, lunes.José Jiménez Villarejo, el presidente de la Sala Segunda del Supremo y del tribunal que juzgó el caso Marey, fue el primero en comparecer ante el magistrado encargado de aclarar el origen del adelanto. Jiménez Villarejo llegó en torno a las diez de la mañana y salió poco antes de las once y sin hacer declaración alguna a los periodistas que se hallaban en las inmediaciones del Supremo.

Otros tres magistrados, Enrique Bacigalupo, José Manuel Martínez-Pereda y José Antonio Marañón Chávarri, acudieron al alto tribunal entre las once de la mañana y la una de la tarde, según personal del Supremo. Estos tres jueces, informa Ernesto Núñez, entraron y salieron del edificio por puertas laterales para evitar encontrarse con los reporteros.

El magistrado instructor, Rodríguez, llegó al alto tribunal poco antes de las diez de la mañana y lo abandonó cerca de las dos de la tarde. Rodríguez tampoco hizo comentarios sobre el motivo de su presencia y la de los magistrados. A su salida, cuatro guardias de seguridad custodiaron su coche para evitar que pudiera ser entrevistado.

Después de que EL PAÍS adelantara el fallo del caso Marey, que condena a una pena en torno a los 13 años de prisión a José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, ordenó "la incoación de diligencias informativas para el averiguamiento de los hechos y la concreción de las responsabilidades a que pudiera haber lugar como consecuencia del quebrantamiento del secreto de las deliberaciones".

Estas diligencias informativas pueden hipotéticamente derivar en responsabilidades disciplinarias, aunque lo más probable es que acaben siendo archivadas por falta de autor conocido.

Fuentes de la Sala Segunda expresaron la "absoluta indignación" existente entre los magistrados que han juzgado el caso Marey tanto por el tratamiento que están recibiendo de algunos medios de comunicación como consecuencia de la fuga informativa como por la investigación ordenada por el presidente del Supremo, en la que tienen que comparecer, segun las fuentes, a declarar "como criminales".

Dichas fuentes se quejaron de que se está tratando de "desviar la atención" de la cuestión de fondo, que es "el juicio con todas las garantías" de los procesados y la aplicación estricta de la ley en el mismo. Mientras tanto, el presidente del tribunal que juzgó el caso Marey, Jiménez Villarejo, insistió en que no se han fijado aún las penas que se impondrán a los acusados si son condenados.

En ese sentido, las citadas fuentes de la Sala Segunda admitieron la posibilidad de que las penas de 13 años votadas por los jueces puedan ser modificadas finalmente si el tribunal aprecia la existencia de un concurso ideal o medial de delitos, avanzado en días pasados por el magistrado Gregorio García Ancos.

La Sala Segunda aún no ha entrado a debatir esta posibilidad, que se presentaría si el tribunal aprecia que el delito de malversación de fondos reservados constituyó un "medio necesario" para llevar a cabo el secuestro de Marey.

En tal caso, se aplicaría la pena prevista para la infracción más grave, el delito de secuestro, en su mitad superior, lo que podría suponer alguna rebaja para los seis procesados que han sido condenados por secuestro y malversación.

En cambio, la situación no afectaría a los cinco policías del escalón inferior ni a Ricardo García Damborenea, que sólo pueden ser condenados por el delito de detención ilegal.