Los magistrados del Constitucional fueron investigados en el "caso Rumasa"

La investigación abierta por decisión del presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, respecto a los magistrados de la Sala Segunda tiene su precedente en otra que se practicó hace 15 años sobre los del Constitucional, precisamente a raíz de otra anticipación informativa de EL PAÍS sobre la sentencia del caso Rumasa. En aquella ocasión los magistrados del Constitucional fueron investigados y tuvieron que declarar por escrito ante la Sala Segunda del Supremo.El 4 de diciembre de 1983, casualmente el mismo día en que se produjo el secuestro de Segundo Marey, este periódico publicó, cinco días antes de que el Constitucional lo hiciera público, el fallo por el que este tribunal desestimaba el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados contra el decreto ley por el que el Gobierno socialista había expropiado el holding Rumasa el 23 de febrero anterior.

La información añadía los pormenores de la votación y daba cuenta de que el voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, rompió el empate a seis que se produjo en la votación de los magistrados.

En enero de 1984, el Supremo acordó la apertura de una investigación sobre los 12 miembros del Constitucional, para tratar de esclarecer las eventuales responsabilidades por una supuesta violación de secretos.

El 1 de febrero de 1984, el Supremo citó a declarar a los 12 magistrados del Constitucional. El auto por el que la Sala Segunda del Supremo decidió la declaración de todos ellos para el intento de esclarecimiento de los hechos denunciados por José María Ruiz-Mateos causó fuerte malestar en el Gobierno y en medios de la Fiscalía General del Estado.

Secreto profesional

El fiscal recurrió en súplica ante la Sala Segunda del Supremo contra la apertura de diligencias previas, pero este tribunal rechazó el recurso y ratificó su decisión de investigar a los miembros del Constitucional.El director de EL PAÍS, entonces Juan Luis Cebrián, que fue interrogado por el Supremo sobre las fuentes en que se basó la información, se acogió al secreto profesional, que es amparado por la Constitución.

A finales de febrero, el Supremo archivó las diligencias al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito alguno.

Según dijo entonces el Supremo, "si antes de la publicación oficial de la sentencia, el día 14 de diciembre, se anticipó en un medio de comunicación un texto aproximado de aquélla y el número y nombre de los magistrados discrepantes, esto podría constituir a lo sumo una indiscreción a corregir tal vez por la vía disciplinaria, pero no el delito que se pretende, puesto que el secreto no existía ya y no podía derivarse ningún daño de la publicacion de la sentencia".