"Gil debe entender que la ley está hecha para todos"

. Pregunta. ¿La decisión de no aprobar la revisión del PGOU de Marbella es política o estrictamente técnica? Respuesta. Podría interpretarse como una decisión política si la comisión hubiera denegado todo el plan, pero lo que ha hecho después de un estudio riguroso es aprobar lo que se ajusta a la legalidad y suspender lo que no está justificado. Lo más importante es que se garantice que el crecimiento de las zonas residenciales, nos guste más o menos, vaya acompañado de infraestructuras y viarios, buscar un equilibrio entre la ciudad privada y la pública. Lo que se ha denegado es aquello que de ninguna de las maneras se ajusta a la legalidad vigente, bien sea urbanística o ambiental. Las comisiones provinciales de urbanismo actúan con criterios técnico-jurídicos por encima de cualquier otro. Cuando hace mes y medio la comisión decidió que no era preceptivo pedir el informe de impacto ambiental, las críticas llovieron por el otro lado, e incluso se habló de connivencia o corrupción. Gustara más o menos el fondo, aquella decisión fue ajustada a lo que la comisión entendía que a medio plazo iba a ser visto en los tribunales de justicia. P. Pero sí ha habido una presión política por parte de dirigentes del PSOE que advirtieron que no podía aprobarse la revisión del PGOU. R. Creo que no es bueno que se produzcan ese tipo de movimientos en un proceso de aprobación de un plan general. Pero eso es relativamente habitual. Siempre que se aborda un plan de una gran ciudad da lugar a mucho movimiento de los grupos políticos, de los constructores, de los empresarios, etc... En el caso de Marbella hay además un plus por las características de su alcalde, por la cantidad e convenios urbanísticos firmados previos a la aprobación definitiva del plan, por el movimiento de la plataforma ciudadana e incluso por el conflicto de las primarias del PSOE. P. Los urbanizadores piden que la parte que se ha aprobado pueda aplicarse y no quede también en suspenso hasta que el Ayuntamiento elabore un texto refundido, y alegan que se pueden paralizar inversiones. R. El plan de 1986 está en vigor y hay aún entre 10 y 12 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable disponible, según ha reconocido el propio Ayuntamiento. Otra cuestión es que como ya está catalogado de urbanizable, el Ayuntamiento no haya obtenido beneficios de los convenios con los propietarios. Si los promotores han empezado a construir sobre un plan que tenía una aprobación provisional, saben donde se estaban metiendo y han jugado a una política de hechos consumados. Ahora no pueden reprochar a la Junta que ellos hayan hecho una inversión sobre unos suelos sin tener garantías de que eran legalmente urbanizables. En un Plan de Ordenación Urbana, las cargas de edificabilidad de un sector están relacionadas con el conjunto de la edificabilidad de todo el plan, y si se altera una parte se afecta al todo, eso es lo que se llama las áreas de reparto o los aprovechamientos tipo. Por la seguridad de los propietarios y la coherencia del plan, la suspensión es una medida cautelar en defensa de los intereses de los propietarios. P. El horizonte parece difícil porque Gil ha anunciado que no piensa elaborar un texto refundido. R. Gil no se acaba de enterar que la comisión provincial de urbanismo es la que tiene las competencias para la aprobación definitiva de un PGOU. Deberá entender que la Ley del Suelo sirve para todos los ayuntamientos y él tiene la responsabilidad y la obligación de hacer el texto refundido. Si quiere seguir actuando contra la ley, sabrá porque lo hace. La justicia es lenta, pero es inexorable. P. Hay aspectos en el PGOU de Marbella que no se han aprobado porque no se ajustan a la ley, pero otros responden a aspectos de filosofía urbanística ¿Hasta dónde puede mantener la Junta la suspensión en estos casos? R. Es cierto que el Ayuntamiento tiene las competencias para diseñar el modelo de ciudad que quiere construir. Las competencias de la Junta son, primero el control de la legalidad, y en segundo lugar una atención a los intereses supralocales. Siempre hay más conflictos en las grandes ciudades por la decisión de donde se ubican los grandes equipamientos. El Ayuntamiento de Marbella tiene mucho margen para ir al desarrollo urbanístico que quiera, pero siempre de acuerdo con la legalidad vigente. P. Pero a la hora de revisar un plan, un Ayuntamiento puede determinar modificaciones de zonas de equipamientos R. Un Ayuntamiento tiene la capacidad de plantear alteraciones y cambios de las zonas de equipamientos, pero tiene que justificarlo, y el Ayuntamiento de Marbella no lo ha hecho. Nosotros tenemos que apreciar el interés público y si hay o no arbitrariedad en el uso de esa prerrogativa. Una cosa es que el Ayuntamiento tenga ese derecho y otra cosa es que lo pueda usar arbitrariamente. Puntualmente alguna de las modificaciones de zonas verdes podrían aprobarse, pero como no están justificadas no podemos valorar si hay arbitrariedad y si está garantizado el interés público. P. ¿Ha recibido amenazas de Gil o le consta que lo haya hecho algún funcionario de la consejería? R. Ni las he recibido, ni me consta que alguien lo haya hecho. P. Pero sí ha habido filtraciones a Gil sobre los trabajos de los técnicos de Urbanismo. R. Lo habitual es que un ayuntamiento conozca puntualmente las actuaciones que se están haciendo. Esta dirección general intenta trabajar con los ayuntamientos con transparencia y cooperación, y es normal que se les informe previamente de las resoluciones. Es cierto que en un momento se cortó esa relación de carácter técnico con el Ayuntamiento de Marbella, y también me consta que Gil tiene buena información de lo que ocurre en la delegación, pero es un lugar donde trabajan 200 ó 300 personas y es habitual que haya filtraciones, no hay que escandalizarse por ello. P. ¿Habrá demoliciones de las construcciones iniciadas en Marbella con licencia municipal sin cobertura legal? R. La verdad es que la ley es muy garantista de los derechos de los propietarios, hay que ver por ejemplo lo que le costó al alcalde de Jerez derribar determinado chalé. La Junta no tiene la capacidad de meter las máquinas, y una vez que un ayuntamiento ha dado una licencia lo único que puede hacer es poner un recurso. A veces parece que la Junta ha hecho la vista gorda, pero ha cumplido su obligación. Hemos pedido la suspensión cautelar de las obras a los tribunales, que no la han concedido, y ahora vamos a volver a pedirla una vez suspendida la revisión del PGOU. Si en su momento hay demoliciones, serán por resolución judicial. P. ¿La Junta se siente en guerra con Jesús Gil? R. Ya ha dicho el presidente que no. Nosotros estamos ejerciendo las competencias de la comunidad autónoma, aunque hay quienes entienden que estamos usurpando competencias municipales y quienes opinan que no estamos ejerciendo las nuestras. Tenemos unas armas legales que queremos ejercer con rigor en toda Andalucía.

"Los promotores han construido sobre un plan provisional. Han jugado a los hechos consumados"