Las lecciones de Marbella

El alcalde de mi pueblo le ha declarado la guerra a la Junta. El espectáculo promete. Los que apreciamos las guerras de Gila tenemos la diversión asegurada. El alcalde de mi pueblo amenaza con tirar de la manta y eso siempre le da mucho morbo a este tipo de eventos. Lo malo es que la gente está ya hecha a todo: visto lo visto en los últimos años no hay nada ya capaz de despertar sorpresa que pueda ocultarse bajo la canija superficie de una manta. A quienes no les va a hacer ninguna gracia el asunto es a las miles de personas que han comprado apartamentos construidos en zonas verdes, condenados ahora a la ilegalidad y, muy probablemente, a la piqueta. Es gente que ha comprado de buena fe y que aún no ha sido advertida porque los funcionarios de la Junta todavía no han solicitado la inscripción en el Registro de la Propiedad de la correspondiente anotación preventiva. La guerra tampoco le va a hacer ninguna gracia a los promotores de estos edificios ilegales. Pero, en fin, nadie les obligaba a jugar a la ruleta rusa. Les faltó información: creyeron al alcalde cuando les decía que todo estaba pactado con la Junta. Jugaron y perdieron. Así es la vida. En cambio, han ganado los habitantes del pueblo, que verán cómo les devuelven el patrimonio que era suyo y podrán reencontrarse, el día en que el orden urbanístico se restaure, con un entorno menos agobiante. También han ganado los propietarios de terrenos, que han sufrido la competencia ilegítima del Ayuntamiento que saldaba sus zonas verdes. No aprobando a Gil su revisión del PGOU, la Junta no ha hecho sino cumplir la ley, pero además, por supuesto, ha actuado políticamente, como no podía ser de otra forma. También han actuado políticamente Gil y los vocales del PP en la Comisión de Urbanismo de Málaga, que lo han apoyado, dejando claro una evidente coincidencia de criterios. Ahora se pueden sacar varias lecciones. Una de ellas -la más importante, quizá- es que Andalucía no debe seguir sin una Ley del Suelo propia que contemple cosas tenidas hasta ahora por improbables, como que un alcalde se ponga a dar licencias de construcción en contra de la legalidad urbanística y que, en casos así, el Gobierno andaluz no pueda hacer nada más que abrir expedientes, acudir a un lentísimo contencioso administrativo y mirar cómo los edificios siguen creciendo. Cuando al comienzo de esta legislatura la Junta rompió por fin la pinza IU-PP, llegó a comprometerse con grandes bríos a elaborar medio centenar de leyes. Sólo fueron buenas intenciones. Entre las muchas leyes que siguen esperando está la Ley del Suelo. Ahora está claro que hace falta una ley musculosa que prevea mecanismos que permitan combatir rápidamente la ilegalidad. De lo de Marbella cabe sacar otra lección: resulta completamente incomprensible que la Consejería de Obras Públicas no haya investigado la causa por la que su delegación en Málaga no detectó ninguna de las casi 60 infracciones gravísimas reveladas el verano pasado por la Plataforma de Marbella. Una plataforma compuesta por "cuatro chalados", según la terminología del alcalde de mi pueblo.