"Las urbanizaciones deberían tener categorías"

RICARDO ARRANZPRESIDENTE DE LOS URBANIZADORESEl 52% de los turistas que llegan a Andalucía se alojan en urbanizaciones. Ricardo Arranz, presidente de éstas, se felicita por tener por fin el reconocimiento de la administración y reclama a esta mayor promoción. Pregunta. La Consejería de Turismo acaba de reconocer que el turismo residencial crece a mejor ritmo que el hotelero R. Es la primera vez que un consejero de Turismo en España reconoce de una forma tan contundente que el turismo residencial es más importante que el convencional. Es muy significativo porque nunca ha tenido una credibilidad como la que tiene en estos momentos, siempre se ha pensado que era una especie de especulación basada en mayor o menor auge inmobiliario, pero nunca se había pensado en él como fuente de riqueza y desarrollo. P. ¿A qué se debe esta falta de credibilidad? R. La achaco a dos partes, la más importante a nosotros mismos. Nunca ha habido una casta empresarial, ni una asociación importante que haya defendido el turismo residencial, y el propio turismo convencional siempre ha tenido bastantes celos. Muchas veces los hoteleros han criticado que es una competencia desleal alquilar los apartamentos. P. Y también arrastran mala imagen porque se les identifica con un desarrollo urbanístico muy voraz R. Andalucía es pionera en un turismo residencial tremendamente ecológico, nace a los bordes de los campos de golf, rodeado de zonas verdes y equipamientos. Lo que creo es que es el eterno desconocido, la agresión al medio ambiente con grandes edificios nunca se ha producido de la mano de los urbanizadores de turismo residencial, sino de los constructores. P. ¿Qué esperan de la Ley de Turismo? R. Es positiva porque hay que tener unas reglas de juego, pero el turismo residencial se contempla en un apartado muy pequeño y pretendemos que se amplíe, bien en esa ley, o bien en la del suelo. Hemos hablado con el consejero Vallejo de la posibilidad de contemplar dentro de la Ley del suelo una regulación especial y específica para las urbanizaciones. Por otro lado, igual que los hoteles están regulados por categorías, en las urbanizaciones esto no ocurre y sería bueno que se le diera al comprador este tipo de información. Hay suficientes motivos para crear una normativa turístico residencial, aunque es difícil porque no hay nada. P. ¿Para esa catalogación sería bueno establecer un mínimo de servicios obligatorios? R. Hay un problema de doble imposición. El comprador tiene que pagar el IBI, pero a la vez una comunidad porque el Ayuntamiento no le da servicios. Este tema está en los tribunales. P. Un reciente informe sobre el sector recomienda para el futuro cuidar la calidad y los precios. R. La relación entre calidad y precio que existe en la Costa del Sol y Andalucía es excepcional, está entre los cinco mejores sitios del mundo, lo que ocurre es que no se ha vendido bien, falta la promoción. Hemos visto una avalancha de alemanes que ha venido 15 días y se han comprado una casa. P. ¿Son adecuadas las infraestructuras actuales? R. Evidentemente esto se desarrolla si las condiciones de vida son buenas, si tienes que emplear dos horas en recorrer 20 kilómetros, es imposible que haya negocio. Hace 20 años que deberíamos tener la autopista de la Costa del Sol. La gran asignatura pendiente en el litoral es el saneamiento. En la Costa del Sol la gente ya no va a la playa, hay playas en Marbella prácticamente desiertas y que no me digan que es porque la arena es negra porque eso pasa en muchos sitios, lo que es importante es que el agua esté limpia. P. Ustedes se han mostrado partidarios de la aprobación del PGOU de Marbella R. En eso quiero ser tremendamente claro. Los urbanizadores hemos dicho que tenemos que tener un instrumento claro, legítimo y jurídicamente en condiciones para que el inversor que venga tenga garantías. Hay cientos y cientos de inversiones que se pierden. Este Ayuntamiento ha cumplido su obligación de planear su urbanismo, no entramos en si está mejor o peor. Lo que le decimos a la Junta es que apruebe lo que esté bien y lo que esté mal lo suspenda y que lo que deba ir a los tribunales vaya, y que el Ayuntamiento se comprometa a cambiar lo que esté mal. Lo que no se puede convertir un procedimiento administrativo es en un problema político, que se modifique y se haga lo que haya que hacer, pero que no haya demoras, el retraso puede provocar más convenios y más inseguridad jurídica.