Hacienda detecta 700 'sociedades fantasma' que facturan 130.000 millones sin tributar
La desaparición de fronteras entre los países de la UE ha fomentado un nuevo tipo de fraude que consiste en realizar operaciones comerciales a través de sociedades taxi o carrusel que desaparecen en 48 horas y eluden el pago de impuestos. Hacienda investiga estas redes desde mediados del pasado año y ha detectado unas 700 empresas de este tipo y un volumen de operaciones que ronda los 130.000 millones. Por otra parte, el nuevo impuesto sobre la renta exigirá informar más a Hacienda sobre retenciones del trabajo, préstamos hipotecarios, fondos y compraventa de pisos.
La investigación de ese fraude "a gran escala" se desarrolla desde mediados del pasado año y, en la actualidad, se sigue en la Audiencia Nacional, que ha declarado secretas las actuaciones. En él están implicadas 700 empresas fantasma, también bautizadas como sociedades taxi o carrusel, que se constituyen con la misma facilidad con que se disuelven, en apenas 48 horas.Según explicó ayer el director de la Agencia Tributaria, José Aurelio García Martín, durante el curso sobre el nuevo IRPF organizado por el Instituto de Estudios Fiscales en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, el fraude afecta al comercio intracomunitario.
Testaferros
El fraude consiste en que una empresa se constituye en España con testaferros insolventes. Compra determinadas mercancías (metales reciclados, oro, componentes informáticos...) a suministradores de otros países y se los vende a una empresa española a la que le aplica el IVA. Ésta lo deduce, pero la vendedora no lo declara y cuando Hacienda se lo quiere exigir ya ha desaparecido.El director general de la Inspección, Francisco Valencia, explicó que el volumen de operaciones detectadas por este procedimiento alcanza los 130.000 millones. Aunque no se ha cuantificado el fraude, sólo por IVA superaría los 20.000 millones. A ello habría que añadir, impuestos por beneficios y otros. En la investigación han trabajado 20 inspectores de Hacienda y han colaborado las administraciones tributarias de otros países de la UE, en especial Francia y Holanda.
Valencia dijo que para luchar contra este tipo de fraude "no valen los métodos tradicionales". El caso tiene "un valor añadido para la Inspección, y es cómo hay que medir los resultados de la lucha contra el fraude, no sólo a través de las actas levantadas, los contribuyentes comprobados o la deuda descubierta".
El alto cargo respondía así a las denuncias sobre un descenso del 74% en los resultados de la lucha contra el fraude fiscal, provocado por la huelga de celo de los subinspectores de Hacienda y el aumento de las tareas burocráticas para los inspectores. La próxima semana se reunirá con los subinspectores para buscar una salida al conflicto.
Hacienda busca también fórmulas para evitar que la aplicación del nuevo IRPF obligue a destinar más efectivos a descubrir rentas no declaradas. El impuesto supondrá que cinco millones de contribuyentes -con rentas del trabajo inferiores a 3,5 millones-, sobre los 14 millones actuales, no tendrán que presentar declaración. Todos estarán sujetos a retenciones, por lo que pueden tener derecho a devolución y declarar para obtenerla.
Hacienda quiere evitarlo para reducir los costes de tramitación de las declaraciones y poder efectuar la devolución de oficio. Para ello, deberá conseguir que las retenciones se ciñan más al pago, lo que exigirá una tabla de retenciones más baja y que las empresas usen más datos del contribuyente para los pagos a cuenta. También se ha decidido que las gestoras de fondos de inversión den más información para que Hacienda disponga de las plusvalías exactas. Igualmente, pretende que se centralicen los datos de transmisión de inmuebles.
