"Segunda fase" de la operación contra la trama económica de la banda

La operación policial de ayer, según el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, es la "segunda fase" de la realizada el pasado 28 de mayo por la Comisaría General de Información, que se saldó con el ingreso en prisión de diez personas por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.Esa primera fase tenía como objetivo desmontar el supuesto entramado empresarial que daba cobertura al complejo etarra. La actuación, según dijo entonces Mayor Oreja, permitió descubrir varias presuntas empresas tapadera en el País Vasco conectadas con otras que operan en Venezuela, Cuba y Panamá.

La red de financión de ETA ha sido durante los últimos cinco años uno de los objetivos prioritarios del Ministerio del Interior, sin que hasta ahora hubiera logrado grandes resultados, según fuentes policiales. Probablemente, porque, como explicó ayer Mayor, no exista un único aparato de finanzas, sino que éste sea diversificado.

"Hubo una fase en la que ETA intentó globalizarlo todo, pero eso es muy difícil y optó por sectorializarlo", ha explicado el titular de Interior.

La operación de ayer, pese a que no se conocen todos los datos, no está relacionada con los mecanismos de financiación de ETA. Lo fundamental no es ni siquiera la existencia de una deuda de 500 millones de pesetas a la Seguridad Social, que no es nueva, sino que se viene arrastrando desde hace años.

Tras la operación policial desarrollada en mayo, el ministro del Interior dijo que ese golpe podía significar el descubrimiento de "la punta del iceberg" de la red de financiación de ETA y su entorno, algo que constituye "una de las asignaturas pendientes" de la lucha antiterrorista.

Dentro de los escasos éxitos obtenidos por las fuerzas de seguridad en este campo cabe destacar la operación realizada hace varios años por la Ertzaintza, que supuso un duro golpe a una parte de la red que se encargaba de cobrar en Euskadi el denominado impuesto revolucionario.