¿Conservar, proteger el patrimonio?
El 18 de junio se publicó en el Diari Oficial la nueva Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, una ley de gran relevancia y posible importancia de cara a la protección de nuestro patrimonio cultural, constituido como la misma indica por el histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y un largo etcétera. Se trata sin duda de la norma que puede tener de aplicarse como tal una repercusión amplísima en muchos órdenes. Personalmente ya tuve ocasión de comprobar el significado de la ley, pues, en tanto que miembro del Consell Valencià de Cultura, participé activamente en el informe que este organismo consultivo confeccionó sobre el anteproyecto. Hasta ahora el único instrumento que teníamos era la Ley Estatal de Patrimonio Histórico, con un campo de aplicación más reducido y menos desarrollado. Ahora parece que la Generalitat Valenciana puede hacerse cargo de la defensa y conservación de nuestro legado histórico y de nuestros bienes culturales, todo ello sin entrar en contradicción con las leyes generales. A partir de ahora se abre la tarea de aplicar una ley que prevé una catalogación de todo nuestro patrimonio cultural y una intervención -en algunos puntos demasiado ambiciosa a mi juicio- de la administración, y no sólo de la Generalitat sino de los municipios. Quizás haya que plantearse algunas reservas, y, también, algunas previsiones positivas, veámos pues. Como punto de partida la propia norma en su preámbulo destaca la amplitud y justeza del término cultural, por considerar que el conjunto de valores que queden afectados es muy amplio. Obviamente esa pretensión, justa a mi entender, obligará a un despliegue de medios importante y ahí vemos un vacío, el de una policía especial para evitar abusos, fraudes o incluso delitos. Los ciudadanos de esta comunidad -país o pueblo- deberían tener conciencia de lo que tenemos delante. La tarea de divulgación y de conocimiento se hace imprescindible, así como la de fomento y ayuda, y ahí en este último punto la ausencia de una legislación moderna es muy patente. Con la ley del mecenazgo, con las figuras existentes no hay instrumentos legales que permitan exenciones directas que fomenten la conservación, ya que los propietarios no tienen estímulos o medios. Tenemos pues un instrumento jurídico. ¿Existe voluntad política? ¿Podemos prever un esfuerzo dirigido a la conservación y la asunción ciudadana de tal tarea? Quienes desarrollamos nuestra actividad en el campo del derecho, y tenemos una vivencia práctica en este tipo de temas, sabemos que las leyes por buenas que sean sirven de bien poca cosa. Resulta bastante chocante que esta ley salga a la luz coincidiendo con la destrucción de las Alquerías de Campanar y Beneferri, y con los proyectos más depredadores de expansión urbana en Valencia, Alicante y otras ciudades. Precisamente ésa es la cuestión, o crecemos sin destruir, sin abandonar, o nuestro país será algo sin historia ni identidad. Políticos, alcaldes y alcaldesas piensan más en cortar la cinta que en conservar. La modernidad entendida en los términos del Palau de Congressos, en tierras míticas, y cosas por el estilo es la línea real de quienes mandan. Por eso, una ley, una ley incluso oportuna, necesaria, y tal vez con buenas intenciones y contenidos aceptables, no es más que eso, un papel, un texto, letra impresa. Hace falta algo, voluntad clara y medidas ejemplares. Eso es precisamente lo que tenemos que pedir y exigir.
