Barrionuevo intentó que su gestión fuese "limpia y honesta", dice su abogado

"Menos mal hacen cien delincuentes que un mal juez", decía Francisco de Quevedo, "y nosotros hemos padecido un mal juez". Pablo Jiménez de Parga, el defensor de José Barrionuevo, resumió así su largo alegato sobre la nulidad de las actuaciones hechas por el juez Baltasar Garzón en el sumario del caso. Desde el "caos de procedimientos" a las "filtraciones diarias y permanentes", apreció "irregularidades" de tal calibre que causan la nulidad de actuaciones.

Jiménez de Parga reclamó la libre absolución de su defendido y subrayó: "Barrionuevo estuvo seis años al frente del que posiblemente sea el peor Ministerio en cualquier país, pero que sin duda era el peor en la España de los años 80. Intentó que su gestión fuera limpia y honesta y por ello fue especialmente duro para él tener que oír de algunas de las acusaciones que durante su mandato se despreció la Constitución, se atacó al Estado de Derecho".Para contrarrestar dichas acusaciones, el abogado recordó que Barrionuevo promovió la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a la que incorporó las recomendaciones del Consejo de Europa, y derogó la legislación especial antiterrorista.

Al comienzo de su informe, extenso pero bien estructurado, el letrado lamentó las "grandes proclamaciones" hechas por las acusaciones populares al Estado de Derecho "e incluso alguna al Estado de desecho" cuando, en realidad, " a esas acusaciones la infracción de derechos fundamentales de los acusados les trae sin cuidado".

Jiménez de Parga presentó como primera causa de nulidad que el juez Baltasar Garzón era manifiestamente incompetente para instruir un proceso contra un aforado como Barrionuevo y, en cambio, libró una comisión rogatoria a Suiza para investigar el patrimonio del ex ministro. Reforzó su argumento con declaraciones del ex policía Michel Domínguez, en las que éste asegura que se sintió intimidado y amenazado por Garzón, y pasó revista a la reunión de su abogado, Jorge Manrique, con el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, en el despacho del director de El Mundo . "El relato de Domínguez podrá gustar o no, pero es coherente y no ha sido contradicho por nadie", dijo Jiménez de Parga.

Presiones

El defensor criticó nuevamente a las acusaciones por tachar de "irrelevantes" las presiones de Garzón sobre Domínguez. "O sea que las presiones de un instructor sobre un imputado son irrelevantes y si éste dice la verdad da igual", ironizó Jiménez de Parga. Frente a esta postura, defendió que sólo se puede llegar a la verdad a través del rigor en la obtención de la prueba.En cambio, a juicio del defensor de Barrionuevo, Garzón utilizó la prisión preventiva como medio para obtener pruebas. Jiménez de Parga recordó que el comisario Miguel Planchuelo, encarcelado por Garzón en diciembre de 1994, , fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional dos meses después. Garzón hizo que José Amedo declarase en otro sumario distinto en el que también incriminó a Planchuelo. Con esta nueva declaración, el juez encarceló a Planchuelo 15 días después de haber salido en libertad. Semanas después, Planchuelo se rompió y confesó su participación en el secuestro de Marey, lo que provocó la confesión en cascada de los demás procesados. Sólo entonces volvió a salir libre.

Jiménez de Parga leyó parte del manuscrito de Amedo en el que el ex policía reconoce que , a mitad de su declaración contra Planchuelo, Garzón le dijo que estaba "levantando el pie del acelerador", que así no podría encarcelar a Planchuelo, y le recordó, de pasada, que aún había otros sumarios de los GAL pendientes.

El letrado negó que la nulidad de la instrucción de Garzón pudiera ser convalidada por la posterior instrucción del juez del Supremo Eduardo Móner, ya que "nunca se puede convalidar un acto nulo de pleno derecho".

El defensor de Barrionuevo expresó su extrañeza por el hecho de que toda la acusación del proceso descanse sobre una llamada que supeditaba la liberación de Marey a la de cuatro policías españoles detenidos en Francia y que se habría recibido en la Cruz Roja de San Sebastián. "Sin embargo, nadie de la Cruz Roja ha declarado en la causa", afirmó Jiménez de Parga. "La acusación ha utilizado un atestado de la Policía y unos recortes de prensa sobre la supuesta llamada, pero aquí no ha testificado nadie diciendo que recibió esa llamada en la Cruz Roja. Ni siquiera el policía que realizó el atestado. Lo hemos dicho hace meses", matizó.

"A pesar de que todo el mundo es consciente de que la existencia de ese comunicado amplía de 10 a 15 años el plazo de prescripción, nadie lo ha investigado. No hay ni una sola diligencia de investigación tendente a demostrar judicialmente la existencia de ese comunicado", insistió. Jiménez de Parga recordó también que la sentencia francesa que condenó a dos de los secuestradores de Marey no aplicó el tipo penal agravado del secuestro bajo condición.