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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Colapso judicial

El colectivo de Abogados y Procuradores ejercientes en el partido judicial de Priego de Córdoba, ante la insostenible situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y la absoluta pasividad de los poderes públicos frente a tan grave problema, han decidido realizar actos de protesta a fin de ponerlo en conocimiento de la ciudadanía. La situación no es nueva; ya en 1993 los profesionales que suscriben, mediante distintos escritos dirigidos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Audiencia de Córdoba, Colegio de Abogados de Córdoba y Ministerio de Justicia, intentaron alertar sobre la crisis que sufría la Administración de Justicia en nuestro partido judicial, tras lo que se adoptaron medidas que con el paso del tiempo se han mostrado absolutamente coyunturales e inapropiadas para resolver el grave problema, pues se limitaron a la contratación temporal de varios funcionarios, a los cuales no se les renovó en su día el contrato, volviendo a la patética situación inicial, de modo que, a finales de 1997, 462 asuntos penales, 460 civiles y 126 escritos estaban pendientes de proveer. Un simple escrito puede así tardar en proveerse hasta seis meses, haciendo los procesos interminables, más aún que la duración media nacional calculada por el Consejo General del Poder Judicial, que se cifra en 11 meses en los asuntos civiles, pues en el caso de Priego de Córdoba, en el orden civil, cualquier asunto puede dilatarse en primera instancia hasta dos años, sin contar apelaciones ni ejecución de sentencias. Como el número de asuntos atrasados va en aumento, se ha llegado a una situación de auténtico colapso, por lo que hemos decidido realizar durante todos los viernes del año una concentración en las puertas del Juzgado. Es por ello que exigimos que adopten con carácter urgente las medidas oportunas y necesarias para resolver de una vez por todas la denigrante posición de un servicio público fundamental para que funcione efectivamente un Estado democrático de Derecho.-

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