Presión corporativa
El Gobierno de José María Aznar, ante los límites retributivos de la carrera funcionarial, ha decidido compensar a los sectores de la élite que poseen determinada influencia funcional o corporativa y pueden ejercer presión.Así, expertos en la Administración prevén futuras subidas salariales a colectivos significativos, como los relativos a los secretarios de la Administración de Justicia y los inspectores de Trabajo, así como que se atiendan algunas reclamaciones permanentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo ello, sin ninguna explicación oficial.
Esto obedece a la encrucijada en la que se encontró el PP al llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Pronto comprendió que los sueldos de la élite de la Administración estaban muy por debajo de los de sus homólogos en la empresa privada.
En 1997 no pudo realizar movimientos salariales al imponer una congelación para reducir el déficit y cumplir los requisitos de convergencia con Maastricht.
Pero, ya en 1998, una vez que España ha entrado en el euro y con una subida del 2,1% para toda la Función Pública, ha optado por aproximar los sueldos de la élite a los del sector privado, sobre todo en los cuerpos con mayor capacidad de presión.
El temor a una reacción del conjunto de la Función Pública ha empujado al Ejecutivo a tomar estas decisiones sin transparencia.
