Todo empieza por un empleo

El problema más grave de la Comunidad de Madrid es, sin ninguna duda, el paro. En estos momentos son 380.000 trabajadores los que sufren esta situación de paro en nuestra región.Pero el problema del paro no es un problema de cifras, es un gravísimo drama humano y social que requiere de soluciones urgentes.

Esta convicción llevó a nuestro sindicato, UGT-Madrid, a elaborar, hace ya casi un año, la Carta de Derechos de los Trabajadores en Paro, con el objetivo de centrar la atención de los poderes públicos en cuanto a la necesidad de regular estos derechos y poner el empleo en el centro de las prioridades públicas.

Las desventajas que se han creado en el mercado laboral no sólo han generado un mercado de trabajo doble, sino también una sociedad dual que ha puesto en riesgo la cohesión social y ha profundizado las desigualdades sociales.

UGT viene proponiendo elementos y medidas para alcanzar el objetivo intermedio de reducir la tasa de paro a la mitad en cinco años.

Para ello es necesario crear cada año 60.000 puestos de trabajo netos en nuestra región durante ese periodo de tiempo.

Y es posible crear este empleo, eso sí, con otra política que incluya creación de empleo público vinculado fundamentalmente a servicios relativos a la educación, la sanidad, el empleo, los servicios sociales, la cultura y el medio ambiente; impulsando iniciativas locales y nuevos yacimientos de empleo; apoyando a las empresas que reduzcan el tiempo de trabajo vinculado a generación de empleo e incrementando la inversión pública para satisfacer las grandes deficiencias de nuestra Comunidad y reforzar el tejido productivo.

Una de las consecuencias inmediatas de la reivindicación de UGT de la Ley de 35 horas se acaba de concretar en nuestra Comunidad con un giro en las posiciones del Gobierno regional que hasta ahora habían respondido negativamente a las propuestas de incentivar a aquellas empresas que previo acuerdo con los representantes sindicales redujeran la jornada laboral, vinculando esta reducción a la creación de nuevos puestos de trabajo, y que en este momento ya sí muestran su disposición a negociar estas medidas propuestas por UGT hace casi dos años.

Esta negociación deberá implicar en todo caso el compromiso de la patronal madrileña y su participación en todo el proceso de negociación de manera que estos incentivos alcancen a aquellas empresas que verdaderamente garanticen la creación de empleo y eliminen las horas extraordinarias, estableciendo criterios para la cuantificación de las ayudas en función del número de puestos de trabajo creados y el volumen de la reducción del tiempo de trabajo, aumentando la intensidad de las ayudas cuanto mayor sea el esfuerzo de reducción del tiempo de trabajo y de creación de empleo.

En todo caso, y a lo largo de esta negociación, aún no iniciada, esperamos comprobar que se trate realmente de una decisión de trabajar por reducir el paro y no se limite a una posición de transferencia de la responsabilidad del Gobierno central a las comunidades autónomas para contrapesar socialmente la negativa del Gobierno a la Ley de 35 horas, que en todo caso sigue siendo nuestro objetivo sindical como única garantía de conseguir la generalización de la reducción de la jornada y la creación de empleo en todos los sectores, empresas y territorios.

Estas otras medidas para el empleo no sólo son posibles sino urgentes para conseguir que el derecho constitucional a un puesto de trabajo sea un derecho efectivo, y mientras tanto, como a nadie se nos escapa que la creación de empleo, que es posible, no va a ser inmediata en la cuantía suficiente para dar respuesta a todos los trabajadores en paro, es imprescindible intensificar y ampliar la protección por desempleo, de manera que en tanto los trabajadores en paro no accedan a un puesto de trabajo tengan esa protección que les permita mantener una vida digna. Y en esta materia el Gobierno regional también tiene la responsabilidad de facilitar el acceso a los bienes culturales y sociales, al transporte, a la educación de sus hijos, en definitiva la posibilidad de ejercer los derechos ciudadanos básicos de los trabajadores en paro.

La ciudadanía social ha sido la gran conquista del movimiento obrero, asentada sobre el empleo y la protección social, sobre una concepción social, un pacto previo de distribución y redistribución de la riqueza en favor de todos los ciudadanos. Y está siendo gravemente amenazada fundamentalmente como consecuencia del paro masivo.

Nos movilizamos en la lucha contra el paro y vamos a seguir haciéndolo hasta lograr una Ley de 35 horas para generar empleo, una protección social para los trabajadores y trabajadoras en paro y un compromiso público decidido en la creación de empleo.

Porque ahora no tienen excusa. En un momento de bonanza económica y crecimiento tiene que producirse la redistribución, dirigida en primer lugar hacia los más desfavorecidos, quienes menos tienen, los trabajadores y trabajadoras en paro.