SANTIAGO ÁLVAREZ CATEDRÁTICO DE DERECHO PRIVADO "España es demasiado estricta en adopciones internacionales"

La legislación y la práctica españolas en relación con la adopción de niños en el extranjero pecan de "estrictas y nacionalistas" y no se ajustan a la filosofía y los fines del convenio sobre la materia firmado en La Haya en 1.993 y ratificado por España dos años después. Así lo sostiene Santiago Álvarez, (Olleros, León, 1.961) catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Santiago de Compostela y ponente del seminario sobre Adopción Internacional impartido en Vitoria dentro de los Cursos de Derecho y Relaciones Internacionales organizados por la Universidad del País Vasco. Pregunta. ¿En qué terrenos colisiona la legislación española con el Convenio de La Haya? Respuesta. Más que colisión, hay una falta de ajuste con la filosofía y los fines de ese convenio, cuyo objetivo es controlar las adopciones, pero no entorpecerlas. Hacer imposible el comercio de niños, por un lado, pero también que cuando una adopción se pronuncie en un país con todas las garantías, sea válida en cualquier otro. P. ¿No ocurre así en nuestro país? R. No. Aquí hay adoptantes de niños mexicanos, por ejemplo, que se encuentran con que la adopción realizada según la legislación mexicana, que permite el mantenimiento del vínculo de filiación con la familia de origen, no se les acepta. Con el agravante, además, de que esto que no se permite a un adoptante español sí se da por bueno a un extranjero que resida y adopte desde España. Esta distinción ante la ley no parece admisible. Es un terreno en el que hemos ido hacia atrás, porque antes sí era posible esa situación. Ha sido la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1.996 la que lo ha vuelto impracticable y obliga a buscar subterfugios para constituir esas adopciones en nuestro país. P. ¿Tiene demasiado poder la Administración en este terreno? R. Más que de poder es una cuestión de actitud. Las autoridades españolas, y en concreto los responsables del registro civil y de la Dirección General de Registros y Notariado, son excesivamente estrictas y nacionalistas. Levantan barreras donde no deberían y esto produce desazón y desalienta a los adoptantes. P. ¿Es usted partidario de las adopciones independientes o son una vía abierta al fraude y el mercado de niños? R. Las adopciones independientes no son malas o fraudulentas en sí mismas. De hecho, el Convenio de La Haya admitió que entidades privadas de acreditada integridad, calificación ética y competencia profesional medien en los procesos de adopción, aunque reserva a los Estados la potestad de permitir o no ese extremo. P. ¿Es el certificado de idoneidad que deben tener los adoptantes una traba a eliminar? R. No, es una garantía. No se puede conceder a nadie un menor sin saber que tiene la capacidad económica, psicológica, cultural y social para cuidar de él. Lo que sí se debe es flexibilizar criterios, quitar lastre burocrático, modificar una práctica que hace el proceso largo, demasiado exigente y desincentiva a las personas deseosas de adoptar. Por ejemplo, no hay razones para negar un bebé a una persona porque tenga 42 años y no 26. Tampoco para que transcurran varios años y la gente se encuentre entonces con que, por edad, le dan un niño de diez años que tiene todo el derecho a no desear sin avergonzarse por ello. P. ¿Estos aspectos lastran igual las adopciones nacionales y las internacionales? R. Hay el riesgo de que esas prácticas que aquejan a las adopciones de niños españoles terminen por afectar a las de menores procedentes de otros países. Es decir, que por falta de flexibilidad nos crezca tanto el número de niños bajo tutela de las autoridades públicas aquí, que éstas bloqueen las fronteras para las adopciones internacionales. P. ¿Cuál está siendo el comportamiento de las comunidades autónomas, con competencias en la tutela de menores? R. Hay datos que apuntan a extralimitaciones en un buen porcentaje de declaraciones de desamparo y acogimientos preadoptivos. Es un hecho que se retira la guarda de menores a padres o responsables sin que esa decisión se rodée de todas las garantías. Incluso adopciones formalmente constituidas podrían ser atacadas por no haber tenido en cuenta los legítimos derechos de personas que debían ser oídas.