Las eléctricas piden a Piqué que no ponga en peligro sus resultados
Los presidentes de las principales compañías eléctricas del país, acompañados de Pedro Rivero, vicepresidente de la patronal del sector, Unesa, mantuvieron ayer una reunión con el ministro de Industria, Josep Piqué, para tratar la situación del sector y discutir el adelanto de la liberalización del mercado anunciada por Industria. Las compañías pidieron a Piqué fórmulas que garanticen sus resultados y mostraron sus discrepancias con los trabajos de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
Rodolfo Martín Villa (Endesa), Íñigo Oriol (Iberdrola), José María Amusátegui (Unión Fenosa), Martín González del Valle (Hidrocantábrico) y Pedro Rivero (Unesa) plantearon al ministro Piqué la necesidad de que sus compañías compitan en un marco estable, respetando los principios recogidos en 1996 y 1997 tanto en el Protocolo Eléctrico como en la Ley del Sector Eléctrico.Como tema central de la reunión, según fuentes al tanto de la misma, se trató la intención adelantada por Industria de acelerar el proceso de apertura del mercado, de forma que aumente el número de empresas con capacidad de elegir suministrador (de los 606 clientes que disfrutan de la teórica posibilidad de elegir, sólo 45 han ejercido ese derecho). Industria quiere aumentar el número de los llamados clientes elegibles por una doble vía: rebajando la llamada tarifa de acceso o peaje que pagan los clientes (una compensación a las eléctricas por el derecho al uso de su red) y reduciendo el nivel de consumo a partir del cual las empresas pueden elegir suministrador, que actualmente se sitúa en 15 gigavatios por hora al año.
Las eléctricas no se oponen en principio a acelerar la apertura del mercado, pero exigen, entre otras cosas, modificar la tarifa llamada regulada (la que se aplica a los clientes que no pueden elegir) y revisar el precio del llamado régimen especial, que obliga a las eléctricas a pagar a los autoproductores 10,25 pesetas por kilovatio cuando éstos venden energía.
En la reunión, los representantes de las eléctricas cuestionaron los informes elaborados por la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) en los que se apoya una rebaja adicional de tarifas para este año del 8,3% y se solicita derecho a elegir suministrador para 60.000 empresas.
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