El bloqueo de financiación sitúa a la Universidad de Alicante al borde del colapso, según Pedreño

El claustro general de la Universidad de Alicante ratificó ayer casi por unanimidad la queja del equipo rectoral ante la "insuficiente" financiación que recibe de la Generalitat. Los claustrales reclamaron el abono de los 3.000 millones de pesetas pendientes de pago por las arcas autonómicas, y la puesta en marcha desde comienzos del próximo curso del segundo plan de inversiones de las universidades valencianas. La comunidad universitaria también constató cómo los convenios con las adminsitraciones públicas se han reducido "a la mínima expresión" en los últimos tres años.

El ponunciamiento del claustro general, máximo órgano representativo de la entidad académica, fue contundente. Por 89 votos a favor y dos en contra, los representantes de todos los colectivos universitarios (profesores, alumnos y personal de administración y servicios) aprobaron un comunicado en el que alertan sobre la "delicada" situación económica que atraviesa la Universidad de Alicante, derivada de la insuficiente financiación que recibe por parte de la Generalitat. Los firmantes del manifiesto atribuyen la situación de bloqueo a cuatro razones: la falta de previsión del plan de financiación de las universidades valencianas, el incumplimiento parcial de dicho plan, el impago de la compensación por la exención de familias numerosas, y el agotamiento del primer plan inversor. La deuda del Gobierno valenciano con la Universidad de Alicante ronda los 3.000 millones de pesetas. Dos terceras partes corresponden a la llamada "inversión puente" programada hasta la aprobación del segundo plan autonómico de financiación, y los 1.000 millones restantes en concepto de indemnización por los daños causados por las inundaciones del pasado 30 septiembre. A esas cantidades hay que sumar otras pendientes por la vía de la financiación ordinaria, que son comunes al resto de universidades valencianas. Un tercer conducto de la Universidad para la obtención de fondos públicos, consistente en la firma de convenios con instituciones públicas, ha caido en picado durante los tres últimos años. Estos convenios ayudan a financiar el campus en aspectos relacionados con los servicios generales, investigación y cursos de post-grado. Así, si entre los años 1992 y 1995 los acuerdos suscritos en esta línea entre la Universidad de Alicante y la Administración valenciana fueron 80, entre 1995 y 1998 la cifra se ha reducido a 19. En el caso de la Administración central, los convenios han pasado de 11 a seis, y con respecto a otras instituciones de carácter público los trabajos conveniados descendieron de 65 a nueve en el mismo periodo. Serias dificultades "Esta insuficiencia económica", se lee en el comunicado del claustro, "está originando serias dificultades en el normal funcionamiento de la Universidad, tanto en la vertiente docente como en la investigadora". La situación en determinados servicios y dependencias del campus de Sant Vicent del Raspeig está próxima al "colapso". "La riada dejó inutilizables numerosas clases del segundo aulario, un tercio de la Biblioteca Central, equipamiento básico de investigación y el Museo de la Universidad, que estaba listo para su inauguración", destacó el rector Andrés Pedreño. Las carencias de espacios docentes y de adecuados equipamientos en los mismos "no permiten el desarrollo de una docencia que aproveche al máximo el potencial que ofrece el profesorado y las nuevas tecnologías de la educación", añadieron los claustrales. Para hacer frente a esta "preocupante" situación, el máximo órgano representativo de la Universidad de Alicante solicitó al Gobierno de la Generalitat, presidido por Eduardo Zaplana la adopción de tres medidas concretas: el abono de todas las cantidades pendientes de pago, la revisión del Plan de Financiación para elevar el techo presupuestario del conjunto de las universidades públicas, y la puesta en marcha a partir del próximo curso del segundo plan de inversiones.