Los propietarios rechazan la venta de las fincas de la vega del Guadiamar

La Junta de Andalucía y los propietarios de las fincas afectadas por la riada tóxica en la vega del Guadiamar no se entienden. Los agricultores se concentraron ayer a las puertas de la Delegación de Gobierno de la Junta en Sevilla para mostrar su rechazo al decreto de la Consejería de Agricultura, que les ofrece dos opciones: la venta o la expropiación. Los propietarios expusieron a responsables del Gobierno andaluz otras posibilidades como el arrendamiento o la expropiación temporal. La Junta sólo se comprometió a estudiarlas.

La mayor parte de los 300 propietarios afectados por la riada de lodos y agua ácida -ocasionada por la rotura de una balsa de las minas de Aznalcóllar-, no ha comunicado a la Consejería de Agricultura el precio por el que venderían sus fincas. Hasta ayer, la Junta sólo había recibido siete proposiciones de venta. Casi todos los agricultores rechazan la orden que les obliga a elegir entre la venta y la expropiación. "Es un decreto irresponsable y lleno de errores que anula todos los derechos de los propietarios", explicó Ricardo Serra, presidente de Asaja -asociación que representa a casi todos los afec-tados-, a las puertas de la Delegación de Gobierno de la Junta en Sevilla. Unas 200 personas manifestaron allí su rechazo al decreto, que fija la fecha del 14 de agosto como límite para concluir la negociación. Una delegación de 30 propietarios le transmitió a Viera las desavenencias de los afectados con la orden de Agricultura. Los agricultores creen que sólo se puede buscar soluciones una vez se hayan retirado los lodos que aún cubren muchas hectáreas de fincas. Sus peticiones también serán escuchadas por el príncipe Felipe, que mañana visita la zona. Otras opciones Tras la evaluación de la contaminación de los suelos, los afectados discutirían con la administración qué hacer con las tierra. Y no sólo contemplan la venta o la expropiación. Tambien apuestan por otras figuras jurídicas, como el arrendamiento a la Junta, la permuta de tierras o la expropiación temporal que les permitiría recuperar las tierras. "Será imposible alcanzar un acuerdo absoluto sobre los precios", reconoció Viera, que se comprometió a trasladar las peticiones de los agricultores al consejero de Agricultura, Paulino Plata. "Lo que queremos es que nos digan en qué estudios se basan para retirar del cultivo unas tierras para siempre", señaló Carmen Moraira, una de las propietarias afectadas, que además ejerce la acusación particular en las diligencias que instruye el Juzgado número 2 de Sanlúcar la Mayor. En el juzgado, ayer, un técnico de Boliden declaró por primera vez que otro empleado de la empresa propietaria de las minas de Aznalcóllar fue el jefe de obras en el recrecimiento del muro de la balsa sinietrada, tarea que hasta ahora los responsables de Boliden habían asignado a la empresa Geocisa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 08 de julio de 1998.

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