Afectados por las sectas critican el "pobre" trabajo realizado por la comisión del Parlamento vasco
La Asociación de Afectados por las Sectas de Euskadi (SME-Afas) ha expresado su decepción por el trabajo realizado por la comisión parlamentaria de estudio sobre sectas, que la pasada semana presentó sus conclusiones a Cámara vasca. Critican la "poca profundidad" de las investigaciones y el "escaso avance" que han supuesto en la lucha contra un problema que consideran "grave" en Euskadi. Emilio Olabarria, vocal del CGPJ, que participó en la comisión de investigación creada en 1988 en el Congreso, ha mostrado su "sorpresa" porque la resolución del Parlamento vasco no incluya una definición de secta ni un listado con las más peligrosas que operan en Euskadi.
Después de catorce meses de vida y sólo diez reuniones de trabajo, la comisión parlamentaria hizo públicas sus conclusiones el pasado 29 de junio. Considera que el problema de las sectas no es de "preocupación general", aunque estima preciso dedicar una mayor atención al fenómeno por la gran preocupación que genera entre los familiares de los afectados. Para ello propone mejorar la información de la sociedad mediante campañas específicas, crear una unidad especializada en la asistencia a las víctimas y controlar las subvenciones públicas a las diversas asociaciones. Los afectados consideran que, a pesar de ser "mejor que nada", esta resolución parlamentaria es insuficiente y no refleja la verdadera realidad del problema de las sectas en Euskadi. Joseba Barrio, antiguo Presidente de SME-Afas, afirma que la propuesta de crear una unidad de asistencia a las víctimas de las sectas "pone en evidencia a la propia comisión", porque "se está admitiendo que realmente existe un problema". Afas considera que no se han tenido en cuenta los datos que aportó a la comisión, referentes al número y tipos de sectas, así como a la cifra de adeptos, que estima en 15.000 en Euskadi. Los representantes de la Afas entregaron en octubre a los miembros de la comisión un listado con las sectas que han suscitado mayor número de quejas. A la cabeza se encuentran los Testigos de Jehová, Nueva Acrópolis, Ama Lurra y la Iglesia de la Cienciología. Antonio Carrera, actual portavoz de Afas, afirma que en los últimos meses ha aumentado la actividad de sectas pertenecientes a la Nueva Era. "Se están recibiendo muchas denuncias de los grupos Energía Universal y Meditación Trascendental", dice. Para Emilio Olabarría, miembro de la comisión del Congreso que investigó las sectas , "sorprende que en la resolución del Parlamento vasco, además de no definir lo que es una secta destructiva -algo básico para saber qué grupos son peligrosos- no se citen algunos grupos conocidos mundialmente" y que sí fueron incluidos en el listado del Congreso. Añade que en su día "se pudo comprobar cuáles eran sectas destructivas y varias de ellas tenían procesos judiciales abiertos, como Dianética o Moon". María Isabel Carrascosa, la primera psicóloga clínica que en el País Vasco ha tratado la adicción a las sectas, considera "un patinazo" el que la comisión no estime que las sectas son un problema social importante. Y aunque opina que "es una muy buena idea crear un servicio de ayuda", cree que "es también importante que se apoye a quien ya está trabajando en este campo, para conseguir prevenir de verdad. Hasta ahora ha habido muy buenas intenciones, ya es hora de ir más allá", reclama. Presidida por el parlamentario de IU-Berdeak Juantxo Domínguez y sin la presencia de HB, que no tuvo interés alguno en participar, la comisión de sectas del Parlamento ha celebrado un total de diez reuniones. Cuatro de ellas fueron comparecencias de afectados, profesionales o responsables del Departamento de Interior, que el pasado mes de mayo notificó que la Ertzaintza había realizado un total de trece investigaciones sobre sectas. Juantxo Domínguez, protagonizó un llamativo episodio al acusar públicamente a dos miembros del grupo Niños de Dios afincados en Urnieta de prostituir a los niños que tenían a su cargo, sin denunciarlo previamente a la Ertzaintza o al fiscal de menores. El caso quedó en nada.
