SOS Racisme critica que la ley de Extranjería se aplica con más rigor que en otras autonomías

¿Somos menos racistas que el año anterior? El informe anual de SOS Racisme dibuja un panorama preocupante. A través de un repaso de 300 casos de agresiones, discriminaciones y vejaciones sufridas por los inmigrantes en España, la asociación denuncia el incremento de actos xenófobos protagonizados por ciudadanos particulares y la expulsión masiva de argelinos de la Comunidad Valenciana. La Delegación del Gobierno de esta autonomía es, en su opinión, la que aplica con más rigor la ley de Extranjería. En 1997 expulsó a 760 inmigrantes.

"Basta que un ciudadano argelino sea detenido por una supuesta implicación en un delito para que sea expulsado, antes de que se inicie la instrucción de la causa y se pruebe su inocencia o su culpabilidad", resalta el letrado de SOS Racisme, Francisco Solans. La asociación dice que ha puesto estos hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo, que ha prometido ayudarles para recurrir estas órdenes de expulsión. El abogado denuncia que la Delegación del Gobierno "se empeña en identificar a los inmigrantes argelinos como delincuentes y traficantes" y que sus expulsiones están "muy por encima de la media nacional". El informe desvela que en los cinco meses que van de julio a noviembre de 1997 el Gobierno español expulsó a 250 argelinos. "Algunos habían pedido asilo porque sus vidas corrían un grave peligro", protesta. Esta campaña se produjo, según SOS Racisme, a raíz de "un acuerdo secreto con Argelia". Matrimonios mixtos Solans también explicó que el borrador elaborado por el Gobierno para regular los derechos de los inmigrantes discrimina a los ciudadanos extracomunitarios (africanos, asiáticos...) que contraen matrimonio con un español, ya que "les niega los derechos de trabajo y residencia". "Pese a todo, estos matrimonios mixtos siguen aumentando", afirmó el abogado. La presidenta de SOS Racisme en la Comunidad Valenciana, Mercedes Herbalejos, se quejó de que las solicitudes de inmigrantes que quieren legalizar su situación duplican el cupo del Gobierno. A los que consiguen tener los papeles en regla les espera un camino pedregoso: caseros que se niegan a alquilarle un piso a un inmigrante, discotecas que cuelgan a la entrada un cartel vejatorio ("Negros y Gitanos, no"), dificultades para acceder a la sanidad y a la educación, empresas que se niegan a contratarles, trabajos de temporeros mal pagados y un sinfín de penurias. En el repaso de los casos valencianos de 1997, SOS Racisme destaca la manifestación xenófoba que celebró el 30 de junio en el barrio de Russafa de Valencia un colectivo falangista. Los 120 ultraderechistas desfilaron con banderas franquistas fuertemente escoltados por la policía, que cargó contra el millar de contramanifestantes que intentaron impedir la marcha por considerarla una provocación a los numerosos magrebíes que viven y trabajan en el barrio. Muchos vecinos, solidarizados con los inmigrantes, abucheaban a los falangistas y golpeaban cacerolas desde las ventanas. Cuatro días después, SOS Racisme exigió la dimisión del delegado del Gobierno, Carlos González Cepeda, por autorizar la "marcha racista" en el Año Europeo contra el Racismo". Las "redadas indiscriminadas", como la que organizó la policía en febrero en ese mismo barrio -con la detención en un primer momento de unos 70 inmigrantes- y las "agresiones policiales" también tienen un papel destacado en el informe. Como la muerte de un bebé de siete meses, víctima de meningitis, en la colonia de gitanos portugueses que malvivían, en precarias condiciones higiénicas y sanitarias, en la fábrica Mocholí del barrio de La Font de Sant Lluís de Valencia. No falta tampoco en el informe el trágico final de los cuatro inmigrantes magrebíes que el pasado verano perecieron asfixiados en las entrañas del vehículo en el que viajaban escondidos. Dos niños descubrieron los cuerpos una semana después flotando en la cenagosa acequia del Gos de Pinedo, una pedanía de Valencia. SOS Racisme compara estas muertes con las de los dos centenares de magrebíes ahogados el año pasado al cruzar el estrecho en pateras."Cada vez hay más control policial en las fronteras y los viajes son más peligrosos", señala el informe. Un año más, los gitanos aparecen como "los vecinos menos deseados por los españoles". "El informe tiene más sombras que luces", admite Mercedes Herbalejos, "pero deja una rendija de esperanza".