Las radios privadas deberán emitir la mitad de su programación en catalán

Las radios privadas de Cataluña deberán emitir al menos la mitad de su programación en catalán. Los espacios en esa lengua tendrán que estar repartidos equitativamente en la parrilla para evitar que el catalán quede marginado a franjas horarias de baja audiencia. Esta obligación -que establece un borrador de decreto elaborado por el Departamento de la Presidencia- tiene excepciones, como la de eximir de ella a las emisoras que operen en zonas donde la población no entienda el catalán.

La Generalitat, "atendiendo a las características de la audiencia", podrá modificar el porcentaje del 50% obligatorio en catalán que tendrán que ofrecer las emisoras comerciales. Así, por ejemplo, quedan exentas de alcanzar ese índice durante tres años prorrogables las radios en cuya zona de alcance más del 8% de la población no entienda la lengua catalana. Para obtener ese dato, la Generalitat acudirá a la última Estadística de Población de Cataluña. Este decreto, cuyo borrador ha sido elaborado por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, cumple dos objetivos. Por una parte, regula la solicitud de licencias de emisoras de frecuencia modulada, y por otra, despliega la Ley de Política Lingüística, de manera que el Departamento de Cultura -que dirige Joan Maria Pujals- no tendrá necesidad de redactar otra norma de carácter general. De hecho, la ley del catalán ya establece esa cuota del 50% en lengua autóctona para las emisoras de radio. El decreto regula además la cuestión de la música y determina que las emisoras deberán "garantizar que la programación de música cantada tenga una presencia adecuada de canciones producidas por artistas catalanes y que, como mínimo, el 25% sean interpretadas en lengua catalana o en aranés". De hecho, el decreto equipara el aranés al catalán en lo que se refiere a las cuotas. Para facilitar el cumplimiento de este porcentaje -y a sabiendas de que la producción en catalán no es excesiva-, la norma especifica que "se computará doble las emisiones de música cantada en catalán efectuadas en los periodos diarios de máxima audiencia". Sanciones El decreto no concreta sanciones y remite, para ello, a la Ley General de Telecomunicaciones, que prevé multas de hasta 100 millones de pesetas cuando la infracción sea considerada muy grave. La labor inspectora la ejercerán "funcionarios acreditados" por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión.