Querella del PSOE contra parlamentarios del PP para desbloquear el "caso Zamora"

El PSOE ha tomado la iniciativa judicial en el caso Zamora (presunta financiación irregular del PP mediante el cobro de comisiones ilegales a partir de 1983 en la adjudicación de obras por la Diputación de esa provincia) para desbloquearlo tras la tardanza de la Fiscalía General, de la que es titular Jesús Cardenal, en resolver respecto a lo investigado. Así, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos, una querella por supuesta prevaricación continuada, cohecho y usurpación de funciones contra varios miembros del PP, entre ellos el ex presidente de la mencionada institución, Luis Cid Fontán; el senador Dionisio García Carnero y el diputado José Manuel Peñalosa.Los socialistas, apoyados en la condición de aforado regional de Cid, actualmente procurador del PP en las Cortes regionales, piden que la querella se tramite en el Tribunal Superior de la comunidad. De hecho, la única diligencia que solicitan es que se remitan al mismo las diligencias completas sobre lo investigado hasta ahora por el fiscal de Zamora y la Fiscalía Anticorrupción. Jacobo Echeverría, abogado del PSOE, aduce que no se puede esperar más a la resolución de Cardenal "después de tres meses de continuas idas y venidas del informe final del fiscal anticorrupción a la Fiscalía General".

Al margen de otros posibles imputados, el PSOE se ha querellado de momento contra Peñalosa, portavoz del PP en la comisión de control parlamentario de RTVE; García Carnero, coordinador del grupo popular en el Senado, y Cid, que presidió la Diputación entre 1983 y 1991, así como contra sus compañeros Casto Lorenzo, Eustaquio Villar, Aurelio Tomás, Vicente Vaquero y José Crespo.

Las denuncias de Martín

En su escrito, los socialistas recuerdan las adjudicaciones directas de obras a constructores concretos y la supuesta compra del voto del ex socialista tránsfuga José Luis Antorrena para dar la Diputación a la antigua Alianza Popular en 1987. Igualmente, incluyen la firma de decretos por los vicepresidentes de la institución suplantando al dirigente que sucedió a Cid, Antolín Martín, del mismo PP, según denunció éste.Pero, sobre todo, el PSOE hace hincapié en el pago de comisiones por parte de los constructores, que benefició al propio PP o a dirigentes de este partido. En este punto insiste en las denuncias de Martín, al que su propia formación, el PP, derribó con una moción de censura en un episodio con cierto parecido al actual de Asturias.

También alude el PSOE al ex constructor Eduardo Corrales, que apoyó con su testimonio de antiguo participante en la trama la denuncia de Martín. De este modo recuerda la relación con el caso del actual presidente del Gobierno, José María Aznar, tanto por haber recibido supuestamente sendos cheques de constructores para su campaña electoral de 1987 a la Junta de Castilla y León como por la carta manuscrita remitida por la esposa de Corrales, Julia Morago, a Ana Botella en septiembre de 1996 recordándole que habían pagado 12,5 millones de pesetas a la cúpula del PP zamorano a cambio de obras.

El secretario del PP castellano-leonés, Jesús Merino, considera que la querella es un intento del PSOE por judicializar la política y "desprestigiar al PP".