Los sindicatos condicionan el plan de euskaldunización a los cursos para interinos

Críticas. Eso fue lo único que escuchó el Gobierno en la primera reunión que mantuvo el martes con los sindicatos para explicarles las líneas maestras del segundo plan de normalización del uso del euskera en la Administración. ELA, LAB, CCOO y UGT reclamaron como condición previa para empezar a negociar el plan la retirada de la decisión de impedir el acceso a los cursos de euskera a los interinos y otros colectivos de funcionarios

El Ejecutivo aprobó el año pasado el decreto que regula el segundo plan de normalización del euskera en las Administraciones públicas vascas. Este programa, cuyo ámbito de aplicación temporal abarca el periodo 1997-2002, afecta a unos 1.200 funcionarios de ayuntamientos, diputaciones y Gobierno. Además, también incluye a los 1.025 empleados públicos incluidos en el plan anterior y que no consiguieron alcanzar ningún nivel de euskera y a los 1.016 que aprobaron niveles inferiores a los que estaban fijados para su puesto de trabajo. El decreto instaba a cada una de las administraciones vascas a tener aprobado en un año su plan concretode euskaldunización. Los representantes de la viceconsejería de Política Lingüística explicaron el martes a los sindicatos los detalles del proyecto diseñado para el Gobierno. Los representantes sindicales ni siquiera entraron a valorar el documento, sino que pusieron sobre la mesa la instrucción emitida por la Viceconsejería de Función Pública que impide que los empleados interinos y asimilados se vean liberados de sus obligaciones laborales para seguir los cursos de euskera dispuestos para el personal funcionario. Un portavoz de UGT explicó que "es necesario que exista formación, es decir, que los interinos también puedan asistir a las clases de euskera, para poder alcanzar los objetivos que se marca el Gobierno". "No tiene sentido hablar del plan de uso mientras no se retire la instrucción", señaló. Esa instrucción deniega la asistencia a cursos de euskera a los empleados interinos y a otros colectivos de trabajadores. La viceconsejería justifica la medida en la disparidad de criterios que siguen los diferentes departamentos a la hora de liberar al personal no funcionario durante el horario laboral para que acuda a clases de capacitación lingüística. La resolución incumple el acuerdo sobre condiciones de trabajo de los funcionarios pactado con los sindicatos en 1996 y que aún continúa en vigor. El representante de LAB en la reunión con el Gobierno puntualizó que "los sindicatos no nos negamos a negociar el plan; es la Administración la que se niega a negociar e impone de manera unilateral sus condiciones, como ocurre con la instrucción de la Viceconsejería de Función Pública". Por su parte, Comisiones elevó el tono de la crítica. "Exigimos", indicó un portavoz de esta central, "la retirada de la instrucción porque perjudica la formación de un determinado colectivo de funcionarios. Si ya había un acuerdo y se echa por tierra sin consultar con nadie, ¿qué podemos esperar de la Administración?", se preguntó.