El PSOE ofrece al Gobierno un pacto de Estado para despolitizar la Justicia

El PSOE ha ofrecido al Gobierno un pacto sobre la Justicia, extensible a todos los partidos, con la pretensión de despolitizarla, agilizar su tramitación, aumentar las garantías de los acusados, mejorar el control de los jueces e incrementar su presupuesto. La oferta, recogida en un documento que el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, entregó al jefe del Gobierno, José María Aznar, en su última cita, el 17 de febrero, recibió la respuesta del Ejecutivo hace una semana. El Gobierno acepta debatir la agilización y mejora material de la Justicia, pero elude pronunciarse sobre su politización.

La oferta del PSOE de un pacto sobre la Justicia, recogida en un texto de 27 folios y resumida en 20 propuestas, señala los aspectos más anómalos que, a juicio de los socialistas, se producen en el funcionamiento de la Justicia. El texto se limita a apuntar reformas en asuntos que afectan a su politización, la pérdida de garantías de los acusados o el escaso control sobre la actividad de los jueces. Pero no propone soluciones muy precisas, precisamente para intentar un consenso muy amplio, según fuentes del PSOE.Hay, sin embargo, tres cuestiones que el PSOE sitúa en el terreno de los principios y que no cree, por tanto, negociables: la actual fórmula de elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial, en la que discrepa con los populares, partidarios de que dicha elección corra a cargo de las asociaciones profesionales; el nombramiento y cese del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno, extremo en el que sí coincide con el Ejecutivo; y evitar la deslegitimación del recientemente reformado Código Penal y de la institución del jurado. En este tercer punto la discrepancia con el Gobierno es también absoluta.

El PSOE, tras analizar lo ocurrido en los últimos años, también propone un pacto entre los partidos políticos para que ninguna formación se persone en causas penales que afecten a otra y evitar, de este modo, la politización de la Justicia. El Gobierno, en su escueta respuesta, no contesta a esta propuesta.

Asimismo, los socialistas dedican mucha atención a la lentitud judicial y a las diversas anomalías del procedimiento penal que han hecho real, según señala el texto, "la ya famosa advertencia de Carnelutti, de que la pena es el proceso". Propone, en conclusión, la revisión del procedimiento penal y solicita mayores medios para agilizar la Justicia.

Garantías para los acusados

Con la pretensión de salvar las garantías de los acusados y aumentar el control sobre los jueces, el PSOE propone, entre otras medidas, encomendar la instrucción al fiscal y no al juez y revisar el secreto sumarial para que su mantenimiento o su infracción no pueda perjudicar a los imputados.En esa misma dirección apunta la revisión de la acción popular y de las personaciones por parte de personas distintas a los afectados para evitar abusos; la revisión de los mecanismos de abstención y recusación que eviten tanto la imposición de un juez objetivamente no imparcial como el uso de esas instituciones para eludir la acción de la Justicia.

La respuesta del Gobierno apenas entra en cuestiones candentes. Cree que la coyuntura actual, con algunos juicios en marcha, no es propicia. Su respuesta es muy escueta, casi de trámite, ya que Almunia exigió a Aznar, hace unas semanas, una contestación escrita para asumir el encuentro que el presidente le pidió hace un mes. El texto del Gobierno no analiza la situación de la Justicia. Se limita a rechazar o asumir, en la mayoría de los casos con matices, las propuestas del PSOE.

Hay desacuerdos entre populares y socialistas en cuestiones clave, como la forma de elegir el CGPJ o la figura del jurado. Tampoco el Gobierno contempla como importante y urgente una reforma de las leyes procesales, aunque no la cuestiona. Respecto a otra cuestión clave de la oferta del PSOE, el control de los jueces, insiste en el cumplimiento de su horario de trabajo. Sí acepta, en líneas generales, el estudio de fórmulas para asegurar la agilización de la Justicia y aumentar sus medios.