Las propuestas socialistas y las respuestas del PP

La oferta del PSOE, cuya finalidad es superar las anomalías registradas, a su juicio, en el funcionamiento de la Administración en los últimos años, se recoge en 20 propuestas. La respuesta del Gobierno es negativa en las cuestiones fundamentales.

Justicia y política:

Propuesta del PSOE: Hay que evitar que se mezclen, renunciando a la judicialización de la vida política y abandonando todo intento de deslegitimación del adversario político mediante el recurso sistemático a la denuncia penal. Debe ser un acuerdo asumido expresamente por los partidos parlamentarios.Respuesta del Gobierno: No responde.

Control de jueces y magistrados:

PSOE: Una sala especial debe exigir responsabilidades civiles, administrativas y penales a jueces y magistrados por las infracciones que cometan.Gobierno: No lo descarta, pero le parece fundamental el control del horario de los jueces.

Nombramiento del CGPJ:

PSOE: Se debe poner fin de modo definitivo a la constante deslegitimación a la que se ve sometido el Consejo so pretexto de su elección parlamentaria. El Tribunal Constitucional avala esta forma de elección.Gobierno: Desacuerdo total. Las asociaciones profesionales deben elegir al Consejo.

Control del Poder Judicial:

PSOE: El Consejo debe ver reforzadas sus competencias. Se han de incorporar fórmulas de control político de su labor y de exigencia de responsabilidades políticas por el Congreso.Gobierno: Puede estudiarse el reforzamiento de competencias en paralelo al control político en el Parlamento.

Estatuto profesional de jueces y magistrados:

PSOE: Se debe abandonar la antigüedad como único baremo para la proyección profesional incorporando criterios de mérito, capacidad y especialización, así como fórmulas objetivas de evaluación periódica.Gobierno: Es una propuesta delicada que acepta estudiar.

Nombramiento y control del Fiscal General del Estado:

PSOE: Debe seguir siendo nombrado y cesado libremente por el Gobierno entre quienes reúnan las condiciones de idoneidad exigidas por la Constitución. Es el principal instrumento del Gobierno para la definición y aplicación de su política criminal. Debe estar sometido al control del Congreso. Su cese deberá verse seguido de una comparecencia específica del Ejecutivo ante la Cámara.Gobierno: Acepta la continuidad de la forma de nombramiento y estudiará su mayor sometimiento al control parlamentario.

Acceso a la carrera judicial:

PSOE: Se mantendrá, al menos, en sus condiciones actuales el sistema de acceso a la carrera judicial mediante turnos especiales para juristas. Idéntico sistema se aplicará para el ingreso en la carrera fiscal.Gobierno: No hay acuerdo sobre el mantenimiento del llamado cuarto turno.

Instrucción judicial a cargo del Ministerio Fiscal:

PSOE: Algunos elementos del vigente procedimiento penal lesionan derechos constitucionales de quienes se ven sometidos a él, especialmente el derecho a la presunción de inocencia y a un juez imparcial. Conviene alterar las bases del procedimiento vigente para encargar su instrucción al Ministerio Fiscal y reservar al juez la condición de garante de los derechos de las partes, centrándose en la aplicación del derecho y no en la averiguación del delito. Se ha de dotar de medios suficientes al Ministerio Fiscal y, entre ellos, es a él a quien debe adscribirse la policía judicial.Gobierno: Ve dificultades para dar más competencias en la instrucción al Ministerio Fiscal.

Acción popular:

PSOE: Es imprescindible una regulación estricta de las condiciones y efectos del ejercicio de la acción popular.Gobierno: No es el momento para una reforma.

Secreto sumarial:

PSOE: Es imprescindible regular el alcance del secreto sumarial y de las consecuencias de su violación, de la atribución de la condición de imputado, de la imposición de medidas cautelares proporcionadas, tanto pecuniarias como privativas de libertad, de la persecución de oficio y de la acusación o denuncias falsas presentadas con evidente mala fe.Gobierno: Lo mismo que con la acción popular.

Código Penal y Jurado:

PSOE: Debe acabar la descalificación permanente contra ambos.Gobierno: Desacuerdo. Deben reformarse ambos.

Modernización de la Administración de Justicia:

PSOE: La aplicación de un programa ambicioso requiere un compromiso concreto de carácter presupuestario.Gobierno: Acuerdo en estudiar la cuestión y en mejorar las dotaciones de los juzgados.