Cardenal tendrá que explicar el martes en el Congreso su respaldo a Liaño

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, comparecerá el próximo martes ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a petición del Grupo Socialista, para explicar qué aplicación ha hecho de los criterios de legalidad e imparcialidad en su actuación. El PSOE quiere que responda de su oposición a que el juez Javier Gómez de Liaño quedase suspendido de sus funciones tras ser procesado por tres delitos de prevaricación.

La Mesa de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados fijará la comparecencia para el próximo martes después de que el portavoz del Partido Popular en esa Comisión, Andrés Ollero, anunciara ayer que su grupo apoyará que acuda el fiscal general, "para evitar que el PSOE siga con su estrategia de dar patadas al Gobierno en el trasero de las instituciones".Andrés Ollero señaló en una rueda de prensa que para el Grupo Popular sería fácil negarse "a un despropósito de ese calibre", pero añadió que apoyará la petición socialista de que Jesús Cardenal comparezca el próximo martes, con objeto de evitar que el PSOE siga atacando a la Fiscalía General del Estado en los próximos meses. "Nos parece tan estupendo como innecesario" que Cardenal comparezca, declaró Ollero, quien confió en que si el sentido de la responsabilidad no hace cejar a los socialistas en su estrategia, lo haga "el sentido del ridículo".

Este portavoz del Grupo Popular aseguró que ni al Gobierno ni al PP les preocupa que el fiscal general "venga a la Cámara cuando sea necesario".

La comparecencia de Jesús Cardenal había sido solicitada por el Grupo Socialista después de que el fiscal general del Estado avalase, en un informe dirigido al Consejo General del Poder Judicial, que no se aplicase inmediatamente la suspensión de funciones al juez Javier Gómez de Liaño en tanto el Tribunal Supremo no ratificase su procesamiento como autor de tres delitos de prevaricación durante la instrucción de la querella contra Sogecable, archivada por la Audiencia Nacional. Ollero aprovechó ese hecho para acusar a los socialistas de haber montado "un culebrón con publicidad indirecta" buscando la cobertura de "algún holding empresarial", y consideró que esa actitud del PSOE responde a que trata de compensar "la falta de apoyo ciudadano".

De otro lado, la Audiencia Nacional ha confirmado la suspensión de la sanción al fiscal de este Tribunal Ignacio Gordillo mientras resuelve el recurso que éste ha presentado contra la decisión de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, de suspenderle un mes de empleo y sueldo, para evitarle un "perjuicio irreparable". La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto en el que desestima el recurso de súplica interpuesto por el abogado del Estado contra la resolución que este tribunal dictó el pasado 13 de marzo, en la que acordó la suspensión provisional de la ejecución de la sanción.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, rechazó el 15 de enero los recursos de los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y Pedro Rubira -éste sancionado con 50.000 pesetas-, al considerar grave que ambos funcionarios permitieran que alumnos en prácticas elaboraran dictámenes y tuvieran acceso a los sumarios en la Audiencia Nacional. En el auto dictado ahora, la Audiencia fundamenta que el abogado del Estado no ofrece argumentos suficientes para que su recurso pueda prosperar y se limita a dar por reproducidas las razones expuestas en su escrito de oposición a la suspensión de la sanción.

La Audiencia reitera que no parece debidamente justificada la existencia de un perjuicio grave para el interés general por el hecho de que se suspenda provisionalmente una sanción disciplinaria, suspendida ya por la Administración. Gordillo es el único candidato que se ha presentado para la plaza de teniente fiscal de la Audiencia Nacional.

[El pleno del Congreso aprobó ayer el suplicatorio planteado por el Tribunal Supremo para poder investigar al diputado socialista Javier Barrero por un presunto delito de desobediencia tras negarse a someterse a un control de alcoholemia.]