La Diputación de Alicante pidió datos de las firmas del "caso Dolores"

Dos semanas antes de estallar el conocido como caso Dolores el presidente de la Diputación de Alicante, Julio de España, solicitó por escrito ante el Ministerio de Economía y Hacienda conocer la clasificación de las mercantiles Orcelitana de Construcciones, SL, y Disercón Levante, SL, ambas vinculadas al empresario de Orihuela Ángel Fenoll, investigado judicialmente por la presunta falsificación de un documento oficial necesario para poder optar a contratos públicos. En su respuesta, fechada el pasado 13 de abril, el abogado del Estado José Antonio Santías, comunicó a De España que la firma Disercón Levante carecía de la clasificación legal para optar a concursos de obras públicas, mientras que Orcelitana de Construcciones consiguió ese estatus el 25 de noviembre de 1997, cuando ya trabajaba para la Diputación de Alicante. La existencia de esta correspondencia entre la institución provincial y el Ministerio de Economía y Hacienda se conoció ayer, en el transcurso de la segunda sesión de trabajo de la comisión de investigación creada por la institución para revisar posibles irregularidades cometidas por ayuntamientos en los procesos de contratación de obras subvencionadas por la Diputación de Alicante. La revisión afectará a los contratos registrados desde 1991. El presidente de la comisión, César Augusto Asencio, del Partido Popular, no supo explicar si la solicitud de esa información fiscal podría entenderse como un intento de despejar dudas sobre la legalidad de esas empresas, que habrían surgido en el seno de la Diputación durante la tramitación de los expedientes. "En todo caso habría que preguntar al presidente por qué solicitó esa infromación", se limitó a comentar Asencio sobre este asunto. Casualidades Antes de iniciarse la reunión de la comisión de investigación, los diputados socialistas denunciaron nuevos datos de la supuesta trama empresarial que vinculan al PP, integrada según ellos por empresas que consiguen contratas públicas con relativa facilidad. Para el diputado socialista Salvador Sanjosé, son "demasiadas" las casualidades que concurren en algunos expedientes de obras, en los que la Diputación de Alicante solicitó presupuesto hasta a tres empresas de Ángel Fenoll. Por otra parte, el Partido Popular centró la investigación en el caso Cutillas, que implica al alcalde socialista de la localidad de Benferri, accionista de varias empresas que han realizado trabajos para ayuntamientos de la comarca de la Vega Baja. Según los populares, esas empresas tampoco disponen de la clasificación reglamentaria para contratar obras públicas. César Augusto Asencio aseguró que el primer edil de Benferri dispone de información privilegiada, "y se beneficia de las amistades".