Piqué y la Comisión Eléctrica iniciarán en julio la pugna por ampliar la liberalización

Hasta ahora han sido escaramuzas, declaraciones y contradeclaraciones, pero a partir de julio, el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) por un lado y las compañías eléctricas por otro, van a librar una batalla enconada en torno a las tarifas eléctricas y la liberalización del mercado. El próximo día 2 de julio, el comité consultivo de la CNSE, en el que están representados los consumidores, las empresas y la Administración, examinará un informe sobre las tarifas eléctricas que promete ser polémico. Las compañías han advertido que reclamarán compensaciones si se alteran los términos del acuerdo firmado con la Administración en 1996.La discusión entre Industria, la CNSE y las eléctricas se centra en los siguiente: la demanda de energía eléctrica se ha disparado en lo que va de año (6% frente a la previsión del 3,5%); el precio del dinero se ha reducido, lo que beneficia a las empresas ; el sector se está beneficiando de un año hidrológico especialmente bueno (el agua es materia prima a coste cero) y la liberalización progresiva del mercado no ha dado los resultados apetecidos.

Ante tales hechos, Industria y la CNSE, con algún matiz, han planteado la necesidad de sacudir el mercado para profundizar en la liberalización y limar las rigideces que aún se detectan. Las posturas del Ministerio que dirige Josep Piqué y de la CNSE coinciden grosso modo, aunque con matices. La CNSE plantea dos alternativas: dada la boyante situación del sector, o se revisan de nuevo a la baja las tarifas de este año (que cayeron un 3,6% de media respecto a 1997) o se amplía, multiplicándolo por 10 (de los 500 actuales a 5.000), el número de clientes de las compañías a los que se permitiría elegir suministrador y, por tanto, negociar rebajas en su factura de la luz.

Rebaja de tarifas

Industria, según ha señalado el secretario de Estado de la Energía, Nemesio Fernández Cuesta, se inclina más por ampliar la liberalización que por revisar de nuevo las tarifas eléctricas. Aunque sin llegar a los extremos que pide la CNSE, ya que Industria baraja aumentar de 500 a 1.500 el número de clientes que podrían negociar su factura, el Gobierno parece dispuesto a adelantar en varios años los plazos de apertura del mercado.Frente a las tesis de la Administración, las empresas eléctricas (menos Endesa), han mostrado su oposición radical a alterar el statu quo. Lo han hecho por separado y a través de la patronal que las agrupa, UNESA. Las eléctricas reconocen que el año hidráulico es magnífico y que la demanda crece de forma espectacular, pero afirman que ellas no se están beneficiando de tanto consumo ya que quienes más están aumentado la producción son los autoproductores.

Las compañías apoyan su análisis en dos datos: los autoproductores de electricidad han aumentado la producción en un 20%, mientras que sus ingresos no crecen. Por ello, piden que se mantengan los plazos de liberalización o que se renegocien las compensaciones establecidas en el Protocolo Eléctrico de 1996. Éste autorizó a las eléctricas a recibir en diez años, vía tarifas, una compensación por costes de transición de 1,988 billones.

Los argumentos de las eléctricas no convencen a la CNSE. En el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Órdóñez se ha instalado un razonamiento simple pero de peso: en un mercado liberalizado, en el que los clientes dejan de ser una masa cautiva, es lógico que caigan los ingresos de las empresas que se aprovechaban del inmovilismo, pero si las éstas aumentan resultados es señal de que se benefician de otros factores (descenso de tipos), que también pueden repercutir positivamente en los consumidores