Fin de una etapa de triunfalismo en Sanidad

La sanidad catalana se ha convertido en una olla a presión y hace ya tiempo que viene dando pitidos de alarma. Cuando apenas han transcurrido ocho meses desde que CiU firmara con el Gobierno del PP un acuerdo de financiación sanitaria, que supuestamente debía resolver los problemas que venía arrastrando, la situación no sólo no ha mejorado sino que está a punto de estallar en una crisis de graves consecuencias. El sector tiene por primera vez conciencia de final de una etapa y la crisis de confianza que se vislumbra está poniendo incluso en cuestión el llamado modelo sanitario catalán. Porque las perspectivas no son nada complacientes. El Servicio Catalán de la Salud acumulará a final de este año una deuda de más de 300.000 millones de pesetas, a los que habrá que sumar otros 104.000 de la red concertada. Pero ni la Generalitat puede seguir recurriendo al endeudamiento para afrontar sus desviaciones presupuestarias, ni los hospitales concertados pueden afrontar severas restricciones presupuesarias. El Departamento de Sanidad les impone una reducción de ingresos justo cuando tienen que comenzar a pagar la enorme deuda atrasada. De los 104.000 millones acumulados, unos 96.000 corresponden a deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Esta deuda se ha beneficiado ya de dos moratorias, una aprobada en 1993 para dos años y otra aprobada en 1996 que termina en diciembre de 1999. La Ley de la Seguridad Social no permite ya más moratorias, de modo que, o se negocia una condonación de la deuda, o estos hospitales han de recibir un presupuesto extra para poder afrontarla. La mayoría de los gestores consultados descarta la posibilidad de un presupuesto adicional cuando lo que ya les han anunciado es una restricción, y la condonación parece cuando menos problemática. La razón es sencilla: ¿se puede perdonar a los hospitales catalanes su deuda sin perdonar la de los hospitales del resto de España? ¿Y la condonación general sería compatible con el cumplimiento de los requisitos de Maastricht en un momento de reducción de la recaudación fiscal? Final de etapa Éste es, pues, el escenario, y la obra que se representa es un drama: llanto por el modelo sanitario catalán. Porque en los 16 años transcurridos desde que el Gobierno catalán asumió las competencias en materia sanitaria, la mayor parte se han desarrollado con presupuestos expansivos, que han llegado a tener crecimientos anuales superiores al 12%. Y en esa bonanza económica ha nacido el llamado modelo sanitario catalán, que ha tenido una enorme inercia de crecimiento que ahora tendrá que frenar bruscamente. El sector tiene conciencia de que una etapa ha llegado a su fin y otra nueva, de inciertos contornos, está comenzando. Visto en perspectiva, muchos consideran que, aunque se haya visualizado ahora, la etapa terminó en realidad cuando Xavier Trias, que había pilotado la nave durante la mayor parte de ese tiempo, la abandonó para asumir la cartera de Presidencia. La conciencia de que se había llegado a un final de etapa la tuvieron muchos gestores sanitarios hace unas semanas, al leer el titular de ELPAÍS en el que el consejero de Economía y Hacienda, Artur Mas, reconocía en una entrevista que el Departamento de Sanidad acumulaba a 31 de diciembre de 1997 un déficit de 288.000 millones de pesetas. Mas lo reconocía cuando todavía estaban calientes unas contundentes declaraciones tanto del consejero de Sanidad, Eduard Rius, como de Trias, negando, incluso en el Parlamento, que tal déficit existiera. El reconocimiento de Mas era, en realidad, un aviso y los gestores sanitarios tienen claro a estas alturas que Economía es quien manda. Rius se encuentra prisionero de una herencia que no ha resultado tan buena como parecía cuando Trias hizo testamento. Rius no ha podido cumplir ninguno de los objetivos que se marcó públicamente al ser nombrado consejero y por no cumplir, ni siquiera ha cumplido varias de las leyes que le obligaban a aplicar una serie de reformas cuyo retraso está dañando gravemente la calidad asistencial. La más escandalosa es la de la asistencia primaria, que se considera un elemento clave, pues de ella depende el acceso al sistema sanitario. Cuando se inició en 1985 se anunció que estaría completa al cabo de diez años. La Ley de Ordenación Sanitaria estableció luego que la reforma debía completarse antes del 31 de julio de 1996. Dos años después, la reforma sólo cubre al 66,7% de la población, y lo que queda por reformar se concentra fundamentalmente en la ciudad de Barcelona y otras capitales, por la resistencia de un sector minoritario de médicos. En el resto de España la reforma está casi completa porque se ha aplicado un modelo que obliga a los médicos a pactar las nuevas condiciones de trabajo. En Cataluña no sólo se permitió que la adscripción fuera voluntaria, sino que se reguló un sistema de incompatibilidades diferente al del resto de España, que permite que miles de médicos puedan compatibilizar una plaza de cupo en el seguro, una plaza en un hospital concertado o una mutua y una consulta privada, de modo que nunca tendrán interés en sumarse a la reforma si tienen que renunciar a alguno de sus puestos de trabajo. Pero pueden compatibilizar todas estas plazas porque el ICS no les exige tampoco el cumplimiento efectivo de su actual contrato de trabajo, que les obliga no sólo a atender dos horas de consulta en el ambulatorio, sino también a atender las visitas domiciliarias. La desatención de las visitas domiciliarias es una de las carencias más graves del sistema sanitario, especialmente en la ciudad de Barcelona, y la causa de que el 061 se haya colapsado tan rápidamente. Derechos enfrentados Diferentes estudios han demostrado que los centros reformados ofrecen una mayor calidad asistencial, que se reduce la incidencia de determinadas patologías prevenibles, que derivan menos a los hospitales, y que el uso de los medicamentos es mucho más racional y por tanto, menos costoso. (Ver cuadro adjunto). Eso significa que en estos momentos se está perjudicando gravemente a una parte de la población, la que no se beneficia de la reforma, pues se la condena a recibir una atención muy deficiente. Sanidad alega que debe respetar los derechos laborales de los médicos, pero la situación ha llegado a un punto de deterioro en el que estos supuestos derechos entran en colisión con otro derecho no menos importante: la salud de los ciudadanos. El Parlamento catalán aprobó esta misma semana una moción, en la que CiU quedó en minoría, que obliga al Gobierno catalán a completar la reforma. Otra reforma, largamente anunciada y también incompleta, es la de los especialistas de primaria. Por las mismas razones. La existencia de esta red paralela de especialistas de primaria con un bajísimo nivel de resolución, provoca dos efectos muy negativos: un alto porcentaje de duplicidad en pruebas y exploraciones, que encarece el proceso, y una demora en el diagnóstico, puesto que la mayor parte de los pacientes acaban siendo derivados a un hospital. La adscripción a los hospitales apenas alcanza al 60% de estos especialistas, y de nuevo la ciudad de Barcelona es la más atrasada. Otras medidas están igualmente pendientes. Por ejemplo, la experiencia de los hospitales de Mataró y Viladecans ha demostrado que la cirugía ambulatoria reduce un 40% los ingresos quirúrgicos, pero su implantación está lejos de ser la óptima.