El ex edil del GIL dice al juez que los concejales votan sin saber lo que se aprueba

El ex concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández afirmó que los ediles del gobierno de Jesús Gil votan en los plenos "por disciplina de partido e ignorando el contenido" de los asuntos que se llevan a su aprobación. Así lo declaró ante el juzgado que instruye una querella contra el equipo municipal por un delito urbanístico. Fernández, que desde hace tres meses pertenece al Grupo Mixto, reconoció que los ediles del GIL siguen la consigna del partido, "independientemente del contenido de los informes técnicos" y que el miedo a pagar 100 millones de pesetas si hacen lo contrario "pesa como una espada". El concejal declaró como imputado en la querella presentada por la Plataforma Ciudadana de Marbella contra la autorización municipal de levantar un edificio de 10 plantas donde el actual planeamiento permite sólo cinco alturas, y que incluye una zona verde. El acusado admitió haber votado en el pleno del 4 de febrero de 1997 la recalificación de una parcela de dominio público "a bien patrimonial del Ayuntamiento". Este solar de 226 metros cuadrados fue vendido después por el gobierno de Gil, por 12,5 millones de pesetas, al promotor del edificio, el fallecido locutor Antonio Herrero. El edil se negó a abandonar la corporación municipal después de ser destituido como delegado de Deportes, el 14 de marzo pasado, para entonces ser expulsado del GIL. Cree que la recalificación municipal de suelo acordada por el consistorio se realizó "para coger dinero, como consecuencia del convenio suscrito". En los terrenos, precisó, "no se están ejecutando obras de utilidad social". Fernández confesó que en la elaboración de los convenios urbanísticos -recalificaciones de suelo o exceso de edificabilidad a cambio de dinero o inmuebles- "no intervienen todos los concejales" y que emitía su voto "conforme a los dictados del GIL, independientemente de cuál fuese el contenido de los informes técnicos obrantes en los distintos expedientes". Señaló que la firma de un documento con el grupo de Gil le obligaba a votar a favor de sus propuestas o, de lo contrario, tendría que indemnizar al partido del gobierno local con 100 millones de pesetas. No obstante, Fernández señaló: "Nunca he tenido que cuestionarme la legalidad del voto, dado que siempre había informes que lo avalaban".