Alguacil alguacilado

Con independencia de lo que, mediante el oportuno proceso, decida finalmente el Tribunal Supremo respecto a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño en la instrucción del llamado sumario Sogecable, cualquier observador neutral debe admitir que las diligencias emprendidas al respecto por el citado magistrado bordearon lo temerario. Una vez más, estamos ante el viejo tópico de la mujer del César y sus apariencias e, insistiendo en que el Supremo tiene la última palabra, la contumacia de Liaño en el error -lo que le valió ser profusamente desautorizado por sus superiores jerárquicos en la instrucción del citado sumario- hacía prever lo que sucedió ayer: el procesamiento de Liaño por tres posibles delitos de prevaricación y el archivo, acordado por la Audiencia Nacional, de las diligencias por él iniciadas en el caso Sogecable.Por supuesto, hay que respetar la decisión de Liaño de recurrir el auto de procesamiento, pero resulta un tanto grotesco que se queje de la forma por la que se enteró de éste -una cadena de televisión-, cuando en el conocimiento de muchos de sus autos, como en los emitidos por otros jueces, especialmente los de la Audiencia Nacional, se ha violado tantas veces el carácter preceptivamente secreto de los sumarios.

Que el Consejo General del Poder Judicial suspenda de sus funciones al magistrado, al menos hasta que se depuren sus eventuales responsabilidades, resulta una medida tan profiláctica como imprescindible (...)

(...) La actuación de algunos representantes de los medios de comunicación, ya no sólo jaleando las actuaciones del polémico juez, sino personándose incluso en la causa por él instruida, también debería ser objeto de debate, nunca en términos corporativos, sino auténticamente profesionales.

Por último, no deja de resultar reconfortante que la justicia, con sus insuficiencias y con sus retrasos, ponga finalmente a todos en su sitio. Eso también es el Estado de derecho.