479 días de una causa basada en acusaciones sin fundamento

En plena operación de ataque político del Gobierno de José María Aznar contra el Grupo PRISA, el magistrado Javier Gómez de Liaño puso en marcha una causa contra todo el Consejo de Administración de Sogecable, al aceptar de inmediato una denuncia presentada por un periodista de extrema derecha, Jaime Campmany, y documentada con un recorte de su propia revista. Eso ocurrió hace 479 días, los mismos que la causa ha estado abierta.

Como se supo meses después, toda una trama de intereses se movilizó para mantener vivas unas diligencias basadas en imputaciones sin fundamento, como los tribunales han establecido. Campmany, ex director del diario falangista Arriba, era editor y director del semanario Época cuando presentó la denuncia, que fue aceptada en 24 horas por Javier Gómez de Liaño, titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. Acompañaba la denuncia con la fotocopia de un artículo publicado en su revista por el periodista Miguel Platón, quien fue promovido, a las pocas semanas, al cargo de director de información de la agencia estatal Efe. Éste último reveló que el estudio utilizado como base para la denuncia había sido elaborado por el presidente del Colegio de Economistas, Gerardo Ortega, quien, a su vez, dio cuenta de que tal informe le había sido encargado por "un secretario de Estado". El Gobierno se ha negado a dar el nombre de ese alto cargo.A esa denuncia inicial se sumó, con una querella, Javier Sainz Moreno, un abogado condenado por revelación de secretos a su compañero de despacho; así como el periodista Jesús Cacho, expulsado de EL PAÍS, amén de algún abonado a Canal+.

Pero las verdaderas dimensiones de la trama no emergieron a la luz pública hasta el otoño de 1997, cuando el incidente de recusación de Liaño como juez de la causa contra Sogecable llegó a Baltasar Garzón. Éste último se abstuvo de decidir sobre esa recusación por haber tenido "cierto conocimiento" previo de reuniones sostenidas por Javier Gómez de Liaño con el denunciante del caso, Jaime Campmany, así como con el abogado Antonio García Trevijano, colaborador destacado del diario El Mundo. Según uno de los testigos que declararon en ese incidente de recusación, el ex ministro Jaime García Añoveros, Trevijano "tenía interés en que don Jesús de Polanco fuera a la cárcel" por motivos políticos, "pues estimaba que si ese suceso se producía sería el fin del sistema político actual". Trevijano estaba en comunicación con Gómez de Liaño "para conseguir que la causa fuera por los caminos adecuados y conseguir la prisión del Sr. Polanco". Los implicados lo negaron todo.

En paralelo con tales actividades, un sector de los medios de comunicación difundieron profusamente la tesis, como si fueran hechos probados, de que los administradores de Sogecable se habían repartido el dinero de las fianzas depositadas por los abonados a Canal + y que debían responder de otros muchos delitos. Así, el periodista Pablo Sebastián, que firma también con el seudónimo Aurora Pavón, escribía en El Mundo, en vísperas de la citación judicial a Polanco para declarar: "No obstante, Polanquete para el viernes se sentará en la silla donde la diñó el gitano, del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional"; después de que Trevijano azuzara, desde el mismo diario, a la "crucifixión preventiva" de Jesús de Polanco: así lo publicó El Mundo el 5 de mayo de 1997.