El Consell tarda tres años en "estar en condiciones" de anunciar la convocatoria de oferta de empleo público

El Consell ha despejado los obstáculos previos que impedían la convocatoria de oferta de empleo público tres años después de las pasadas elecciones. José Luis Olivas, consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, "normalizó" ayer las relaciones entre la administración autonómica y los representantes sindicales de la función pública a través de la firma de cuatro acuerdos: el nuevo reglamento de selección y provisión de puestos de trabajo de acuerdo con la relación de funciones administrativas; el acuerdo sobre racionalización del sistema retributivo; las modificaciones del decreto sobre jornadas, horarios y vacaciones; y un convenio sobre resolución extrajudicial de los conflictos. Los acuerdos afectan a cerca de 15.000 empleados de la administración general de la Generalitat y suponen una aportación anual suplementaria de 1.000 millones de pesetas para satisfacer el nuevo sistema retributivo. Los representantes de UGT y CCOO destacaron la normalización de relaciones con la Administración después de dos largos años de negociaciones, cerradas sólo a última hora. Los delegados de CCOO y del CSIF se negaron a firmar la racionalización del sistema retributivo, que reduce el número de estratos en la escala salarial, porque consideran que beneficia más a las categorías superiores. El CSIF tampoco apoyó la nueva relación de puestos de trabajo, que Daniel Matoses calificó como "manifiestamente mejorable". Olivas explicó que los acuerdos alcanzados con los sindicatos permiten a la administración "estar en condiciones" de convocar la oferta de empleo público, congelada desde hace tres años, pero advirtió que los documentos firmados ayer están sujetos a toda una serie de trámites administrativos que los retrasarán un tiempo, que nunca debería desbordar la presente legislatura. Las modificaciones y convenios firmados ayer cierran un proceso que se abrió con la denominada ley de funcionarización, que permitió el acceso a la condición de funcionarios de cerca de 2.000 empleados laborales de la administración en una situación jurídica confusa.