El Tribunal Supremo cita a Tomey para iniciar las actuaciones contra él

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo acordó ayer citar para el próximo viernes al presidente de la Diputación de Guadalajara y senador del PP, Francisco Tomey Gómez, al objeto de instruirle en sus derechos ante la próxima incoación de diligencias previas por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial en los presupuestos de esa corporación. El auto señala que el dirigente popular deberá comparecer a las 12 de la mañana, "pudiendo hacerlo asistido de letrado de su elección".La resolución está firmada por el magistrado Prego de Oliver Tolivar, instructor de la causa designado por la Sala el pasado día 12 de mayo. La citación de Tomey ante el Supremo es el paso previo a la incoación de las primeras diligencias de este caso, en el que se investiga la presunta ocultación de un déficit de 3.500 millones en los presupuestos de la Diputación de Guadalajara. El inicio de las pesquisas judiciales se refleja también en el mismo auto.

La investigación del caso Tomey se inició a raíz de una denuncia presentada por Jesús Alique, diputado y portavoz del grupo socialista en la Diputación de Guadalajara, donde gobierna el PP. El escrito, presentado en junio del año pasado, aseguraba que 3.500 millones de pesetas podrían haber sido incorporados de forma ficticia a los presupuestos de la corporación -de los años 1991 a 1996- como pendientes de cobro cuando no existía cantidad alguna por ese concepto.

La fiscal jefe de Guadalajara, María Ángeles García, investigó la denuncia durante seis meses. Tomó declaración a Tomey y a José Villalgordo, el interventor de la corporación, y pidió a ambos que justificaran esas supuestas deudas. Pero ninguno de los dos consiguió acreditarlas.

La fiscal firmó el pasado 28 de enero un decreto en el que elevaba sus diligencias de investigación criminal a Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, por un presunto delito continuado en falsedad en documento oficial del que "verosímilmente" son autores Tomey y Villalgordo. En el mismo aseguraba que "hubo una alteración pertinaz" de los presupuestos de la corporación y no "un error contable".

Villalgordo, que falleció poco después a causa de una enfermedad, había advertido en varias ocasiones a los responsables de la Diputación de Guadalajara que era conveniente modificar los criterios de previsión de ingresos. Recomendó también dejar de incluir en los presupuestos partidas de dudoso cobro, según su abogado Pedro Martínez.

Condición de aforado

El pasado 14 de marzo la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó admitir su competencia y pidió suplicatorio al presidente del Senado debido a su condición de aforado, autorización que le fue concedida el pasado 20 de abril. Tomey, que defiende su inocencia, se enfrenta a una pena de tres a seis años de prisión. El Tribunal de Cuentas ha iniciado además una fiscalización especial de la contabilidad de la Diputación de Guadalajara. Seis interventores acaban de concluir un trabajo de campo a las órdenes de Andrés Fernández Díaz, consejero responsable del área de Corporaciones Locales. La correduría de seguros Proases, cuyo principal accionista es el hermano de Tomey, tiene adjudicada la administración, gestión y desarrollo del servicio de riesgos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que este último es vicepresidente. La esposa del senador del PP era accionista de Proases cuando ganó el concurso.