Discrepancias en el PS francés retrasan la nueva ley audiovisual

, En materia de regulación del paisaje audiovisual, el Gobierno socialista francés topa con su mayoría parlamentaria. Esa es la conclusión a la que puede llegarse ante el nuevo retraso de la presentación de la ley que debiera poner orden en un panorama revolucionado por la aparición de las televisiones privadas, primero, y por la multiplicación de canales gracias a la digitalización. La ministra de Cultura y Comunicación, Catherine Trautmann, intenta camuflar las discrepancias afirmando que el Gobierno quiere privilegiar la reforma del sector público, en vez de admitir que hay que aplazar cualquier decisión sobre el sector privado porque no existe acuerdo.La reforma, que está previsto que comience a debatirse en la Asamblea Nacional en otoño, pasa por suprimir la tasa que se paga por poseer un televisor, de la que están exentos quienes ganan el salario mínimo o menos, los mayores de 65 años que viven solos y los jubilados con pensiones muy bajas. La tasa, que requiere un servicio fiscal costoso, quedaría integrada en el IRPF, es decir, la pagaría todo el mundo, tenga o no televisor.

Hay unanimidad en los temas políticos, como el de prolongar el mandato de los presidentes de la televisión pública. El actual, Xavier Guoyou-Beauchamps, fue nombrado por la derecha y la llegada de la izquierda el poder no ha supuesto su revocación. Los socialistas quieren reforzar la autonomía del cargo, haciéndolo más profesional y menos político.

La ministra Trauttman no ha conseguido en cambio convencer a sus parlamentarios de la conveniencia de renunciar a la lucha contra la concentración. Los grupos como Bouygues, Vivendi o Suez, que controlan los grandes contratos de obras públicas, son también importantes accionistas de cadenas privadas. El caso más flagrante es el de TF1, controlada por Bouygues. Los diputados reclaman que el capital de esos canales esté más repartido y que la consideración de posición dominante no dependa del Consejo Superior del Audiovisual, sino del Tribunal de la Libre Concurrencia.