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"Recuperación de elementos del Estatuto de Maura de 1918"

Luis R. Aizpeolea

El dictamen del Consejo de Estado no se anda con paños calientes y compara el proyecto de la ley de la Función Pública con el Estatuto de Antonio Maura de 1918 al referirse a la regulación de la carrera profesional y la promoción interna en el texto del Gobierno.Refiriéndose a estos dos aspectos básicos del proyecto, el dictamen señala: "Encierran un cambio sustancial de modelo y concepto sobre la actual regulación de la Función Pública, el sistema de carrera fundado en las categorías. Tal modelo no se puede calificar, sin embargo, de novedad radical. Recupera la terminología y algún elemento del Estatuto de Maura de 1918, que estableció un sistema de carrera basado en dotar de una categoría personal a los funcionarios generales de los ministerios civiles, pero se le dota de un significado nuevo".

El dictamen pone de relieve que el texto del Gobierno regresa al sistema de categorías en detrimento de los sistemas modernos de empleo. "Tras el movimiento pendular hacia concepciones más próximas a los sistemas de empleo -operado con las reformas de 1964 y 1984-, la carrera profesional diseñada en el proyecto se desliga de la ocupación de puestos de trabajo y se asienta nuevamente sobre la categoría (calificada ahora de profesional)". "La intención evidente del cambio es acentuar el sistema denominado justamente de carrera, fundándolo en la existencia de categorías profesionales jerarquizadas y desvinculando la carrera -aunque no con la abstracción total- del desempeño de puestos de trabajo de distinto nivel", señala el dictamen.

Mejora del texto

El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) valoró ayer "de manera positiva" el dictamen del Consejo de Estado,según respondió un portavoz a EL PAÍS. A juicio del MAP, el dictamen "reconoce la oportunidad y conveniencia del proyecto" a la vez que "aporta un conjunto de observaciones que van a permitir la mejora del texto". El MAP se defendió de las críticas del Consejo de Estado sobre la desvertebración del modelo funcionarial entre el Estado y las comunidades autónomas con el argumento de la flexibilidad. "El MAP considera que el carácter básico del Estatuto de la Función Pública requiere un posterior desarrollo por cada comunidad autónoma y, en ocasiones por los sectores docente, sanitario, etc. que necesariamente conlleva unas dosis de flexibilisdad del proyecto para su adecuación a cada realidad profesional, en coherencia con los niveles de autonomía legislativa que cada comunidad tiene en desarrollo de sus competencias".

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