José Barea explica en Valencia cómo reducir impuestos sin recortar el gasto

El profesor José Barea, director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, explicó ayer en Valencia, donde participó en un master organizado por la Universidad Politécnica, cómo la reforma del IRPF, que supondrá una rebaja de los ingresos públicos, no se traducirá en un recorte de las prestaciones públicas. "La rebaja fiscal supondrá mayores ingresos para las familias, que aumentarán el consumo y generarán otros ingresos al Estado", dijo Barea. El diputado socialista Pedro Solbes considera esta fórmula "injusta".

Barea cree que el sector público es capaz de prestar más servicios al ciudadano con unos menores costes. ¿Cómo? Pues con una reforma de la Administración que, según Barea, conserva todavía el modelo organizativo establecido el siglo pasado e introduciendo los criterios de eficiencia en la gestión de los recursos. "Es la primera empresa del país por empleo y volumen económico", dijo el profesor de la Administración. La importancia del sector público requiere, a juicio de Barea, separar la función de regulación y provisión, que debe regirse por el derecho público, de la función de producción, que debe adecuarse al derecho privado. El director de la Oficina Presupuestaria de La Moncloa apostó, por ejemplo, por la sanidad pública, pero con gestión privada y echó mano de la polémica suscitada en torno al hospital de Alzira, cuya construcción será costeada por la Generalitat, pero su administración será privada. "El hospital seguirá siendo público y los beneficiarios no tendrán que pagar nada", declaró Barea. Del mismo modo, el economista abogó por una nueva ley general presupuestaria, que estará preparada para finales de este año, cuyas iniciativas básicas se sitúen al nivel del presidente del Gobierno y del ministro de Economía. Que establezca límites estrictos, y no tan laxos como ahora, al endeudamiento público, así como un escenario presupuestario plurianual. También debería incluir mecanismos de revisión periódica de todos los programas y un sistema de compensación inmediata de cualquier gasto extraordinario que surja. El profesor Barea insistió además en la necesidad de introducir criterios de mercado en el sector público, en la mejora de la Administración a través de la privatización de las empresas estatales, y en la liberalización de los sectores públicos. El coste de la reforma Con este esquema organizativo, Barea considera posible sostener las prestaciones públicas a pesar de la reducción fiscal que prevé la reforma del IRPF aprobada por el Gobierno del PP. Una reforma, cuyo coste se ha estimado en 400.000 millones de pesetas. Durante su visita ayer a Valencia, invitado por los responsables del II Master en Dirección y Gerencia Pública de la Universidad Politécnica, Barea eludió, sin embargo, referirse a su exclusión de la Comisión de Política de Gastos del Gobierno central, encargada del diseño de los Presupuestos para 1999. El profesor esquivó cualquier pregunta al respecto y no entró a valorar el malestar que parece haber despertado en el seno del Gobierno su informe, fechado en marzo, sobre la evolución del déficit público español, que se situaría en el año 2000 un punto por encima de lo pronosticado por el Ejecutivo de Aznar. Por su parte, Pedro Solbes, diputado socialista en el Congreso y ex ministro de Economúa y Hacienda, puso ayer en solfa algunas de las afirmaciones de Barea. Solbes, invitado al seminario para hablar del euro, calificó de "pura ciencia ficción" el que la rebaja de los impuestos conllevará un aumento del consumo y, con ello, nuevos ingresos para el Estado. En opinión del ex ministro, la reforma del IRPF supone una rebaja de los impuestos directos mientras se elevan los indirectos, que son "los más injustos". Solbes añadió, además, que la presión fiscal ha crecido en España en los dos últimos años un 1,9%. Por lo que respecta al proceso de privatizaciones, Solbes censuró "la obsesión enfermiza del Gobierno por cerrar el proceso antes de que acabe esta legislatura". El proceso va "demasiado deprisa", valoró el diputado. Éste aseguró que el Gobierno imputa parte del dinero de las privatizaciones a los ingresos corrientes, sobre todo "a la tributación por plusvalías". Según el ex ministro, el modelo utilizado por el Gobierno de que "quien privatiza es quien se queda con la empresa y después se blinda" no es bueno para el país. Más información en la página 57