Incógnitas fiscales

EL DEBATE político en torno a la reforma del impuesto sobre la renta (IRPF) resultó poco provechoso para los contribuyentes durante el Pleno del Congreso del pasado jueves, en el que se discutían las enmiendas a la totalidad. El vicepresidente Rato sabe que en este terreno navega a favor de corriente y evita explicar si la reforma podrá sostenerse en periodos de menos crecimiento sin correcciones insoportables para la sociedad. La oposición está encastillada en su defensa de la progresividad y de lo inadecuado que resulta bajar los impuestos cuando la integración europea redobla las exigencias de reducción del déficit; pero no plantea una línea fiscal firme y articulada que pueda competir con el proyecto del Gobierno. Tras este debate inmovilista, no es difícil pronosticar que los ciudadanos recibirán muchos mensajes genéricos y pocas explicaciones sobre el nuevo IRPF.Los argumentos que avalan la reducción de los tipos marginales del IRPF máximo -del 56% al 48%- y mínimo -del 20% al 18%- son poderosos. No se deben mantener tipos marginales mucho más elevados que los que se aplican en los países europeos con los que se formará una unión monetaria. La estructura del nuevo impuesto beneficia más a las rentas más altas, por muchos malabarismos que haga Hacienda con las cifras porcentuales para sostener lo contrario.

No podía ser de otra manera. El efecto principal de reducción tributaria se consigue mediante el recorte de los tipos marginales máximos. El traslado de las deducciones desde la cuota a la base del impuesto, la creación del llamado mínimo vital o las nuevas deducciones lineales por vivienda, aunque son aportaciones para perfilar un nuevo modelo de impuesto, más sencillo de declarar y de controlar, no son factores decisivos que expliquen la rebaja de lo que pagarán los contribuyentes, y que supondrá una reducción de ingresos del Tesoro de entre 300.000 y 500.000 millones de pesetas.

El Gobierno conecta con tendencias muy marcadas en la opinión pública: la presión fiscal efectiva no ha dejado de aumentar desde la implantación de este impuesto. El tipo máximo se aplica hoy para rentas a partir de 10,7 millones de pesetas, cuando en el primer año de vigencia del IRPF, en 1979, se aplicaba a rentas equivalentes a 39 millones de pesetas de hoy; con el añadido de que el tipo máximo era entonces del 40%. A finales de los setenta, la distancia entre ese tipo máximo y el impuesto de sociedades (35%) era de cinco puntos; ahora es de 21 puntos, lo que objetivamente incentiva la transferencia de rentas a las sociedades. El resultado es que el IRPF no grava la totalidad de la renta, con lo que el criterio de progresividad -y de equidad- se ha visto deteriorado.

El IRPF es el principal pero no el único cauce de progresividad recaudatoria; también puede serlo el IVA, por ejemplo, mediante discriminaciones positivas para determinados consumos, con la novedad, comprobada en muchos países, de que una parte de la población prefiere, por razones psicológicas, pagar más impuestos en relación al consumo -sobre el que puede decidir- que ver descontados sus ingresos de manera forzosa. De ahí la popularidad de la reforma.

Sin embargo, el compromiso de lealtad con los ciudadanos exige al Gobierno explicar con claridad las consecuencias de la aplicación del nuevo IRPF. Y las incógnitas son muchas. La primera, saber cómo se compensará el coste de la rebaja del IRPF, es decir, si obligará a subir otros impuestos o forzará a recortes más acusados en los gastos sociales o de inversión. Las escasas respuestas oficiales a esta cuestión son muy sumarias y poco convincentes. Tampoco se conoce cuál es el esquema fiscal que se pretende para el Estado, es decir, qué papel desempeñará el resto de los tributos en el delicado conjunto fiscal, o cómo se coordinará la financiación autonómica para mantener un sistema coherente. También es evidente que el impuesto sobre sociedades requiere una reforma y una simplificación, por más que su impacto sobre la opinión pública produzca menos dividendos políticos.

Los debates parlamentarios de las enmiendas parciales deberían servir para que el equipo económico del Gobierno demuestre que, además de sentido de la oportunidad para remar a favor del viento, tiene una política tributaria definida y consistente, y para que la oposición intente probar que dispone de una alternativa viable.