Los estudiantes iraníes se movilizan en defensa del presidente Jatamí y de las libertades

ENVIADA ESPECIALLos estudiantes iraníes se niegan a ver desaparecer las esperanzas de mayores espacios de libertad que gran parte de ellos respaldaron hace un año con su voto al presidente Mohamed Jatamí. Ante el pulso emprendido por los sectores más reaccionarios del régimen, la Oficina por el Refuerzo de la Unidad, una poderosa asociación en la que están representados estudiantes y licenciados de las 55 universidades públicas del país, ha convocado para mañana una sesión especial de apoyo al más liberal de los presidentes posrevolucionarios.

Al juicio por corrupción contra el alcalde de Teherán y la moción de censura al ministro de Interior se ha sumado el cierre del diario Yaméa, claramente alineado con las políticas aperturistas de Jatamí. El hecho de que el periódico conservador Tehran Times advirtiera ayer desde sus páginas de que los tres hechos «no están relacionados» parece dar la razón a los estudiantes y quienes como ellos interpretan su sucesión como una campaña de acoso al presidente.Desde numerosas instancias conservadoras, entre ellas el poder judicial, se venían criticando los contenidos de Yaméa y acusando a sus responsables de «difundir mentiras». La puntilla la puso un destacado comandante de la Guardia Revolucionaria, Rajim Safavi, enfadado porque la joven y exitosa publicación -cerca de medio millón de ejemplares vendidos en todo el país- sacó a la luz su llamamiento a «cortar las manos y la lengua» de los reformistas, realizado en principio en una reunión secreta.

No es la primera víctima de las tensiones que está suscitando en el poder la exploración de los límites de la libertad de expresión por parte de los numerosos periódicos y revistas nacidos en los últimos meses (dos centenares). Apenas 24 horas antes se había comunicado el cierre a otro rotativo moderado, Guzaresh e Ruz, que publicaban periodistas de IRNA, la agencia oficial de noticias iraní, por reproducir un artículo de un diario árabe que afirmaba que los dirigentes iraníes están sacando su dinero fuera del país.

Pero el caso de Yaméa es, si cabe, más grave. La publicación, cuyo título significa sociedad, había supuesto una bocanada de aire fresco desde su aparición, el pasado febrero, y se había convertido sin lugar a dudas en el periódico favorito de los jóvenes.

Nada más conocer la noticia a última hora del miércoles, sus redactores, un total de 32, apenas tenían ánimos para responder al teléfono, y su director, Hamid Reza Jalaipur, multado con cerca de 800.000 pesetas e inhabilitado por un año, declinó hablar con EL PAÍS.

Sin embargo, ayer uno de ellos acudió a cubrir el juicio contra el alcalde de Teherán, Golamhusein Karbachí. «Vamos a recurrir la revocación de la licencia de publicación, y eso nos da dos o tres semanas más», aseguró Babar Golpaigan a este diario.

Por su parte, Karbachí juró ayer solemnemente y con la mano en el corazón «no haber robado ni un solo rial» de las arcas municipales. En la segunda sesión del juicio en el que se le acusa de corrupción y malversación de fondos, el alcalde de Teherán tuvo que escuchar cómo el juez encargado del caso, el hoyatoleslam Mohseni Eyeie, rechazaba su refutación del tribunal y le reiteraba los cargos que se le imputan.

El artífice de la mejora y modernización de la ciudad recurrió a una cita del difunto y venerado imam Jomeini para pedir «equidad» a la justicia. El magistrado, que en el sistema judicial iraní une en su persona las funciones de fiscal y árbitro del juicio, no se anduvo con contemplaciones. «No puede usted citar a Jomeini sólo en lo que le conviene», le espetó, «también dejó escrito que no debe abusarse de los cargos públicos en beneficio personal».

Respaldo del Gobierno

Presente en los bancos del público se encontraba el ministro de Cultura y portavoz gubernamental, Ataolá Mohayerani, lo que se interpreta como un gesto de apoyo del Gabinete tras las declaraciones de uno de sus vicepresidentes en el sentido de que era muy probable que Karbachí resultara condenado. Esta posibilidad, que en todo caso no se conocerá hasta que terminen los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol, resulta controvertida.Aunque de ser encontrado culpable de todos los cargos, el alcalde -destituido por la duración del proceso- podría recibir una pena de hasta 25 años, la reacción popular a su encarcelamiento preventivo del pasado abril y el hecho de que sólo las acusaciones de malversación parezcan firmemente sustentadas hacen más probable una multa y su inhabilitación temporal, lo que permitiría a los conservadores hacerse con la influyente alcaldía de Teherán.