El PSOE pide explicaciones a los dos delegados de la Junta enfrentados por el PGOU de Marbella

El secretario provincial del PSOE en Málaga, Juan Fraile, se reunirá mañana con los delegados de las Consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente, que mantienen posturas discrepantes sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, para que le expliquen este enfrentamiento y la situación en la que queda la revisión del planeamiento urbanístico de la localidad. También se abordará la filtración al alcalde de Marbella, Jesús Gil, del contenido de la resolución de la Junta sobre el PGOU antes de aprobarse.

Fraile ha explicado que no se trata tanto de pedir explicaciones o de realizar llamadas al orden, cuanto que de conocer de primera mano lo sucedido la pasada semana en la comisión provincial de urbanismo que tuvo que dejar aparcada la resolución final sobre el PGOU de Marbella y en la que los dos delegados se enfrentaron en una votación sobre la necesidad de exigir o no el informe de impacto ambiental al Ayuntamiento de Marbella. La dirección del PSOE malagueño no oculta su malestar por el conflicto entre los delegados de Obras Públicas, Carlos Morales, y de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, y la preocupación porque éste pueda favorecer los intereses de Gil. Desde que el Ayuntamiento de Marbella inició la revisión del PGOU ambos departamentos han mantenido ciertas discrepancias no tanto sobre los aspectos del plan, cuya propuesta urbanística ninguno comparte, sino dónde establecer los límites hasta los que la administración autonómica debe llevar su negativa a las pretensiones urbanísticas de Gil. La postura del PSOE es que la Junta tiene que agotar sus competencias hasta el límite para impedir que se apruebe para Marbella un modelo urbanístico "feroz y agotado" que pone en uso 22 millones de metros cuadrados de suelo y que recalifica todos los terrenos que el actual plan preserva para equipamientos. El secretario de los socialistas malagueños, que es también alcalde de Ronda, sostiene que el proyecto de Gil no sigue el modelo de PGOU, sino que lo que hace es introducir una serie de modificaciones al actual para dar cobertura a los más de dos centenares de convenios urbanísticos firmados en los últimos años por el Ayuntamiento de Marbella con promotoras inmobiliarias. En los últimos dos años Obras Públicas ha abierto un centenar de expedientes al Ayuntamiento de Marbella por concesión de licencias que vulneran el PGOU y ha impugnado un buen número de ellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Algunos alcaldes socialistas de Málaga consultados han confesado sin embargo sus dudas sobre el control que la administración ejerce sobre las actuaciones urbanísticas en Marbella y esgrimen las dificultades que ellos encuentran para cualquier modificación parcial en sus zonas. Respuesta preparada Las sospechas también se extienden sobre la posibilidad de que Gil cuente con informadores dentro de la administración. Un miembro de la comisión provincial de urbanismo ha reconocido que la filtración producida ahora no es excepcional y que en ocasiones anteriores en que se han producido consultas con técnicas con el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, éste ya acudía con una respuesta preparada. El delegado de Obras Públicas, Carlos Morales, ha aseverado a El País Andalucía que ha abierto una investigación para esclarecer si las filtraciones han salido del servicio de urbanismo de la delegación o tienen su origen en otros estamentos. Morales justifica su voto, más el de 19 componentes más de los 22 miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo, contra la necesidad del informe de impacto ambiental en que existen varios informes jurídicos que así lo señalan y que por lo tanto el Ayuntamiento de Marbella tendría las de ganar en caso de que pusiera algún recurso. Hace dos meses la Junta paralizó la tramitación del plan por la inexistencia de este informe cuya preceptividad ahora se desestima por lo que la administración autonómica sólo dispone ya de dos meses para resolver sobre la revisión del PGOU- Morales insiste en que Obras Públicas mantiene su firmeza contra el modelo urbanístico de Gil y que además existen elementos suficientes en el nuevo PGOU de Marbella para que la Junta pueda suspenderlo. Antes de emitir esta resolución, la comisión deberá decidir si se exige a Gil que presente sendos informes forestal y de vías pecuarias de acuerdo con el planteamiento que en la última sesión hizo Medio Ambiente, una vez que salió derrotada su propuesta de solicitar informe de impacto medioambiental