Sanidad y la Casa de Salud indemnizarán a los afectados si hay delito en el brote de hepatitis

La Consejería de Sanidad y la clínica Casa de Salud indemnizarán a los afectados por el brote de hepatitis C localizado en el centro privado y en La Fe, un hospital público. Eso se desprende de la decisión del juez encargado de investigar el masivo contagio, José Manuel Ortega. El magistrado, que "por el momento" no descarta la existencia de más casos de contagio en otros hospìtales públicos, ha rechazado la personación como acusación particular de ambas entidades, que serían responsables civiles subsidiarias si en la aparición del brote se hubiera cometido delito.

En cualquier caso, la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia es firme en un punto: ni la Consejería de Sanidad ni la Casa de Salud ejercerán la acusación particular en el caso Maeso. El magistrado arguye que en caso de que el brote de contagio haya sido ocasionado por una conducta delictiva, la infracción ha tenido lugar en un "establecimiento dirigido por la persona o entidad contra la cual se va a declarar la responsabilidad" civil subsidiaria. Juan Maeso, el anestesista señalado por Sanidad como el foco de contagio localizado en el hospital La Fe y la Casa de Salud, es el único imputado en la causa abierta. El magistrado destaca en su decisión que "en un procedimiento penal una misma parte no puede ostentar la condición de perjudicado y responsable civil". O sea, no puede ejercer la acusación cuando cabe la posibilidad de que tenga que responder de los perjuicios sufridos por los, de momento, cerca de cien pacientes infectados con el virus de la hepatitis C. Petición de seguros Mientras, fuentes cercanas al caso aseguran que el instructor de la causa ya ha reclamado información a Maeso sobre los seguros médicos que tenía contratados. Éste podría ser el paso previo a la petición de una fianza que garantizara las compensaciones a los perjudicados, fianza que, según las mencionadas fuentes, sería cubierta por las compañías aseguradoras. Sólo posteriormente, merced a una hipotética sentencia condenatoria, Sanidad y la Casa de Salud deberían hacer frente a las indemnizaciones que fijara el tribunal. El instructor del caso, que apunta que no cabe "descartar en este momento la posibilidad de que se hayan producido otros contagios relevantes (...) en otros hospitales públicos", también ha rechazado la petición de prisión para Maeso, solicitada por el abogado de EU. Ortega, que descalifica duramente la petición de la coalición de izquierdas, considera que el encarcelamiento del anestesista es innecesario ante los escasos indicios que evidencian la posibilidad de que eluda la acción de la justicia.