Jospin levanta el secreto en la investigación de las escuchas ilegales de la época de Mitterrand
En una decisión inesperada, poco concordante con la actitud que él mismo mantuvo hace poco más de dos meses, el primer ministro francés, Lionel Jospin, levantó el secreto de defensa que bloqueaba la investigación judicial de las escuchas ilegales ordenadas por el fallecido ex presidente de la República, François Mitterrand. Más de mil ciudadanos -abogados, gentes del espectáculo, políticos y periodistas, entre ellos el hoy director de redacción de Le Monde, Edwy Plenel- fueron sometidos a escuchas por la célula antiterrorista del Elíseo cumpliendo las órdenes del presidente.
Un total de 13 personas, entre ellas Christian Prouteau, el jefe de la célula y Giles Ménage, el director del gabinete de Mitterrand, se encuentran procesados por «atentado a la intimidad de la vida privada».La obsesión de Mitterrand por preservar la existencia de Mazarine, su hija extramatrimonial, se encuentra por lo visto en el origen de esas prácticas llevadas a cabo entre enero de 1983 y marzo de 1986. Pese a esos procesamientos, la investigación ha estado bloqueada en los últimos años ante la sistemática negativa de los sucesivos jefes de Gobierno a autorizar que los encausados respondan a las cuestiones planteadas por el juez.
Cuando todo parecía indicar que también Jospin había optado por secundar la doctrina de Estado que protege a los servicios secretos de la Presidencia, el primer ministro ha dejado expedita la vía de la investigación judicial. «Hoy, me parece que ninguna razón justifica que el secreto de defensa sea mantenido en relación a las escuchas atribuidas a las personas cuyo nombre usted me ha indicado», afirma Jospin en la carta enviada el pasado miércoles al juez instructor.
El escrito, desvelado ayer por el diario Le Monde y confirmado en todos sus términos por los portavoces del presidente, certifica el levantamiento completo del secreto de defensa, modificando sustancialmente la actitud que el propio Jospin manifestó en su carta al juez el pasado 27 de marzo. En aquel escrito, respuesta a una serie de peticiones elevadas por el juez desde la llegada del líder socialista al poder, el primer ministro condicionaba el levantamiento del secreto de defensa y se decía dispuesto a estudiar el asunto «caso por caso».
En su carta del miércoles, Jospin anuncia que ha decidido levantar el secreto de defensa y proclama que autoriza «a todas las personas» involucradas en los hechos «a responder a vuestras cuestiones». El primer ministro explica al juez que su decisión responde al deseo de «no ver a la justicia privada de la posibilidad de explorar sus informaciones».
Tras sus reiteradas peticiones, siempre infructuosas, y sus velados reproches a los jefes de Gobierno, -«mi investigación está bloqueada por la espera», escribió en ocasiones-, el obstinado juez intructor Jean-Paul Valat ha conseguido finalmente con Jospin lo que no pudo obtener de los anteriores primeros ministros conservadores Eduard Balladur y Alain Juppé.
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