Una constructora navarra pagó 78 millones por una falsa contravigilancia

José Luis García Villalba, consejero delegado de la empresa Obrascón, declaró ayer en el juicio de la trama navarra del caso Roldán, que en 1989 pagó 78 millones de pesetas por una supuesta contravigilancia en la obra de la autovía de Leizarán. Los mismos talones los emplearon los procesados Gabriel Urralburu, expresidente navarro; Antonio Aragón, exconsejero de Obras Públicas; y Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, en comprar seis chalés.

Varias docenas de talones emitidos por las constructoras Obrascón y Laín, adjudicatarias en una UTE (Unión Temporal de Empresas) del primer tramo de la autovía del norte, acabaron en las sociedades patrimoniales de los procesados a los que se acusa de cohecho continuado y para quienes se piden penas entre 11 y 4 años de cárcel. Ese dinero es el 5% exacto, descontado el IVA, del incremento indemnizatorio que ambas constructoras lograron del Gobierno de Navarra por las continuas amenazas de ETA. Este incremento fue el 20% de los 3.700 millones de pesetas por las que obtuvieron la adjudicación de la obra.El consejero de Obrascón, cuya empresa proyecta fusionarse con Huarte, demostró una notable pérdida de memoria durante su declaración como testigo ante la Audiencia Provincial de Pamplona. García Villalba relató que mantuvo una reunión en el Ministerio del Interior con José Luis Corcuera, entonces ministro; con Ana Tutor, ex delegada del Gobierno en Madrid; y con Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, en la que le animaron a no abandonar la obra de la autovía por las amenazas de ETA. Al concluir la reunión, una persona de la que no recuerda su edad, ni su aspecto físico, se dirigió hacia él en los pasillos del Ministerio y le ofreció la mencionada contravigilancia.

-¿Sabía usted con quién negoció esta contravigilancia?, le preguntó el fiscal Javier Muñoz.

-No lo sabía, contestó el testigo

-¿Y usted entregó 78 millones a una persona que no sabía quien era?, insistió el Ministerio público.

-Sí, señor. Enviaban a un mensajero y yo le dejaba un sobre con el dinero en la recepción de la empresa.

-O sea, que además de estar amenazado por ETA, el Ministerio del Interior no sólo no le protegió, sino que le pidió dinero por una contravigilancia le respondió con ironía el fiscal.

El testigo aseguró que en su empresa él era el único que conocía la existencia de esta extraña contravigilancia y dijo que no reclamó el dinero de la presunta estafa "porque yo me sentía seguro después de haber pagado esa cantidad". Por estos mismos hechos, Roldán fue condenado a tres años de prisión por un delito de estafa. Los gastos de seguridad contratados por el Gobierno de Navarra para la autovía de Leizarán se elevaron a 4.407 millones de pesetas.

La acusación pública le recordó a Villalba que las amenazas de ETA empezaron en octubre de 1989, meses después de que los talones de Obrascón y de Laín entraran en el entramado patrimonial de los procesados y que en aquellas fechas nadie sabía que estas dos constructoras serían las adjudicatarias del primer tramo de la autovía. Villalba sólo reconoció que su empresa supo dos meses antes de la fecha de adjudicación que ganaría el concurso de la autovía y negó que los 78 millones fueran comisiones ilegales pactadas previamente con los procesados.

Pese a que Aragón ha reconocido en este juicio haber recibido dinero de los constructores, Villalba aseguró que "si la autovía se ha hecho ha sido por Aragón. Nosotros nos habríamos ido pero él nos animó a continuar y trasladó su despacho hasta la obra. Nunca nos dispensó un trato de favor". Como los demás constructores que pagaron comisiones ilegales a la trama Roldán, Villalba fue procesado, pero no se sentó en el banquillo al haber prescrito sus delitos. Otros 61 millones procedentes de su constructora los usó Roldán para comprar una casa en Madrid.