Más de la mitad de los profesores del instituto B-9 dejarán el centro
Más de la mitad del profesorado del instituto Badalona 9 abandonará el centro al acabar el actual curso escolar. De los 39 profesores que tiene este instituto, sólo 15 han confirmado que continuarán dando clase en él. Pese a la intensa campaña de movilizaciones y protestas que los profesores del B-9 han puesto en práctica a lo largo de este curso, no se ha producido la intervención que ellos pedían al Departamento de Enseñanza de la Generalitat para evitar la concentración masiva de alumnado de etnia gitana y procedente de familias conflictivas. El B-9 siempre ha tenido un alumnado difícil, pero hasta hace dos cursos era heterogéneo, lo que facilitaba la integración. Tras aumentar las plazas escolares en otros puntos de la ciudad, sólo se han quedado en el B-9 los alumnos más conflictivos. Los profesores han reivindicado durante todo el año una intervención para que el B-9 vuelva a tener todo tipo de alumnado, pero la Generalitat no ha dado respuesta. El año que viene, en primero de ESO sólo estudiarán 13 nuevos alumnos, todos ellos gitanos. Las pocas esperanzas que les quedaban a los profesores sobre que el futuro del B-9 pudiese cambiar se esfumaron la semana pasada. El miércoles, el consejero de Enseñanza, Xavier Hernández, respondió en el Parlament a una pregunta del PSC sobre el futuro del B-9 diciendo que la Generalitat no puede intervenir en el problema de este instituto. Críticas a la Generalitat Para Hernández, "este instituto tiene un problema de integración y no ha funcionado en su actitud integradora". Los profesores del B-9 han interpretado esta frase como una acusación contra ellos. En un comunicado emitido ayer, aseguran que están "muy dolidos" por las palabras del consejero, que, en su opinión, "en lugar de buscar o proponer alternativas a la situación del instituto, afirma que toda la responsabilidad del presunto fracaso es del propio centro". El equipo docente del instituto badalonés recuerda en su comunicado al consejero que si bien, como éste repite, "el derecho de los padres a escoger centro educativo para sus hijos es constitucional, también lo es la ley orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, adicional 2ª, que establece el reparto equilibrado entre todos los centros mantenidos con fondos públicos de los alumnos con algún tipo de necesidad educativa diferente, y que el Departamento de Enseñanza no cumple". El Síndic de Greuges también ha recomendado que ningún centro supere el 15% de alumnos con riesgo de marginación social, porcentaje que en el caso del B-9 se ha ido acercando cada vez más en los últimos cursos al 100%, sin que la Generalitat haya considerado necesario intervenir para invertir esta tendencia. El director del instituto, Joan Girona, considera que una forma sencilla de hacerlo hubiese sido "dar a conocer la calidad de la enseñanza que se ha impartido siempre en el B-9 para intentar quitarle la etiqueta de centro no recomendable".
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