La violencia callejera desciende a los niveles de 1996, pero sin más arrestos. Interior y la Fiscalía atribuyen a la reacción social y las mayores penas el bajón de la violencia radical

La violencia callejera de los grupos próximos a ETA vive una clara recesión en Euskadi y un estancamiento en Navarra. Lo que analistas y agentes de la lucha antiterrorista se preguntan es si este parón obedece al supuesto nuevo discurso de HB o si es una mera cuestión táctica con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo octubre. Los datos oficiales muestran un incuestionable bajón en los sabotajes hasta situarse en niveles cercanos a los de 1996 en el País Vasco, pese a que no se ha registrado un aumento paralelo en las detenciones. Con todo, los comandos Y, estructurados normalmente en núcleos de cuatro o seis individuos y una masa de alborotadores que se unen para actos concretos, según la policía, han aterrorizado barrios enteros en los primeros meses de 1998 durante horas sin que la Ertzaintza actúe. En Navarra, en 1997 hubo 313 actos de violencia callejera promovidos por alborotadores y grupos Y, muy similar a los 333 de 1996. Algunos sindicatos y agentes han denunciado que han recibido órdenes contradictorias a la hora de enfrentarse a este tipo de violencia. En los seis primeros meses de 1997, la Ertzaintza neutralizó una treintena de grupos Y y detuvo en todo el año por su relación con estos comandos, que actúan a veces conjuntamente para acometer acciones de envergadura, a 84 jóvenes. En todo el año pasado, las Fuerzas de Seguridad del Estado desarticularon nueve grupos y arrestaron a 49 personas. Según Interior, los arrestos realizados por violencia callejera en el bienio 1995-1996 fueron 1.397. En los cuatro primeros meses de este año, han sido detenidas 61 personas bajo la acusación de atentado, agresión, desórdenes o desacato. La acción judicial y las fianzas que han de pagar los detenidos han terminado por retraer a los alborotadores. Éstas van desde las 100.000 pesetas hasta cinco millones. Mientras en 1993 se pagaron 600.000 pesetas por este concepto, tres años después ascendían a más de 10 millones y el pasado año se elevaron a 50 millones, según estimaciones realizadas por letrados que llevan las defensas de los encausados en estos sumarios.Todavía resuenan las palabras pronunciadas en la Cámara vasca por el lehendakari, José Antonio Ardanza, en su discurso en el debate de política general de septiembre de 1996 al referirse a la violencia callejera, justo cuando los comandos Y estaban en pleno apogeo y comenzaba a criticarse en público la efectividad de la Ertzaintza ante esta violencia. Ardanza dijo entonces: "Este nuevo aspecto de la violencia nos ha pillado de sorpresa". Remarcó que las algaradas callejeras no podían convertirse "en el problema" y se refirió a los vándalos como "unos mocosos" que ensucian el "buen nombre de nuestra juventud". El discurso produjo asombro en algunos mandos policiales y entre los sindicatos, que no entendían cómo Ardanza podía afirmar que el problema de unos "mocosos" les había pillado de "sorpresa". Sobre todo cuando la violencia callejera producía una alarma social creciente desde 1994 en Euskadi y Navarra y los aparatos de información antiterrorista habían descubierto en los documentos incautados a la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en marzo de 1992 que los grupos Y y la kale borroka eran una estrategia planificada por la propia dirección de la banda. Menos de cuatro meses después, las palabras de Ardanza terminaron por estrellarse contra la realidad cuando se desató la polémica sobre la efectividad de la Ertzaintza. Los meses más tranquilos Los sabotajes y la violencia callejera más desorganizada han decrecido sensiblemente desde el segundo semestre de 1997, tanto si se toman en consideración los datos del Gobierno vasco como los de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Pese a todo, en los cuatro primeros meses de este año, al igual que sucedió el pasado año, los comandos Y han movilizado a centenares de jóvenes dispuestos a destrozar todo lo que encuentren a su paso. El 5 de enero se produjo una noche de vandalismo en Zarautz, Hondarribia y Getxo, donde actuó uno de los grupos más activos en los último años sin que la policía haya podido asestar un golpe a su infraestrucutura, pese a que la Ertzaintza ha llegado a pinchar teléfonos con autorización judicial en una operación contra ese entramado. Durante los días siguientes se produjeron actos vandálicos en 20 pueblos. El 23 de enero, 150 encapuchados tomaron dos horas un barrio de Barakaldo ante la pasividad policial. Atutxa tuvo que reconocer el error, aunque tanto la Ertzaintza como la Policía detuvieron un mes después a 12 de los supuestos alboratodores, de los que 11 fueron puestos en libertad. Febrero, marzo y abril fueron los meses de menor kale borroka de los últimos años, pero en mayo la actividad de los grupos Y se reprodujo. La pregunta es a qué obedece esta nueva situación. Interior y la Fiscalía del Tribunal Superior apuntan que la reacción social contra los violentos y las mayores penas a este tipo de sucesos -tener gasolina y algo de explosivo en un zulo puede suponer tres años y seis meses de prisión, según resolución de marzo de la Audiencia de Bilbao- han tenido un efecto disuasorio notable. Fuentes de la lucha antiterrorista se preguntan además si los "mocosos" no suponen una molestía para el nuevo discurso moderado de HB.