CCOO lleva al Defensor del Pueblo la huelga de Metro

Madrid - 30 may 1998 - 00:00CEST

La huelga de Metro ha llegado al Defensor del Pueblo. Los secretarios generales de los dos sindicatos que integran el comité de huelga, CCOO y Solidaridad Obrera, denunciaron ayer ante el Defensor del Pueblo el despido de dos afiliados a Solidaridad Obrera por su actuación como miembros de un piquete informativo, así como los otros 14 expedientes sancionadores abiertos por la dirección de Metro. "Hemos entregado a los responsables de los temas policiales y laborales toda la documentación sobre las irregularidades cometidas por la empresa y el acoso sistemático a los trabajadores en huelga", explica Javier Pérez, secretario general de CCOO Metro. Los dos empleados de Metro despedidos, Manuel Fernández y Policarpo González, permanecen desde el pasado lunes en huelga de hambre en el interior de una furgoneta aparcada frente a la Asamblea de Madrid, en la calle de San Bernardo. El jueves por la noche, al concluir una manifestación de 5.000 personas que reclamaron su readmisión, se les unió José Luis Silvano, miembro del comité de huelga y representante de CCOO.Tanto Javier Pérez como Juan Antonio González, secretario general de Solidaridad Obrera, acudieron al Defensor del Pueblo con la intención de encerrarse en su sede como una nueva medida de protesta, pero ambos desistieron tras conocer que los asesores del Defensor estaban dispuestos a visitar a los empleados en huelga de hambre.

Las reivindicaciones fundamentales de éstos pasan por la retirada de los dos despidos y los 14 expedientes sancionadores abiertos, así como por la creación de 150 puestos de trabajo. Los tres asesores jurídicos del defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, acudieron a interesarse por su situación a primera hora de la tarde, aunque señalaron que su papel no es el de mediación. Los otros cuatro sindicatos con presencia en Metro (UGT, USO, Sindicato de Conductores y Sindicato Libre) firmaron un acuerdo con la empresa en abril pasado, pero CCOO y Solidaridad Obrera lo consideran insuficiente.

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