3.000 personas viven en Alicante en chabolas y casas ruinosas
Un total de 354 familias, integradas por unas 3.000 personas, malviven en los nueve grandes asentamientos de chabolas y vivienda precaria y en seis focos menores diseminados por el término municipal de la ciudad de Alicante. Condiciones de vida infrahumanas, edificios en estado ruinoso, carencia absoluta de servicios de primera necesidad como agua corriente, fluido eléctrico o alcantarillado, altos índices de analfabetismo y enfermedades crónicas azotan al sector de la población más marginado, cuya única esperanza radica en la voluntad política de los gobernantes de habilitar fondos para la ejecución de programas efectivos de integración social, cultural y laboral. La secretaría de Solidaridad y Derechos Humanos de Nova Esquerra (NE), hizo público ayer el resultado de un trabajo de campo que ha servido para elaborar el bautizado como Mapa de la pobreza de Alicante, que confirmaría un aumento de las capas de marginación en la periferia y barriadas del interior para las que, caso por caso, se proponen planes específicos encaminados a resolver la problemática. El informe plantea una acción de choque que precisaría la participación de las administraciones local, autonómica y central conjuntamente con la UE, y concluye que es posible erradicar el chabolismo y la vivienda precaria en Alicante en tres años con una inversión pública de 1.800 millones. Ese dinero se distribuiría en construcción de viviendas dignas, intervenciones urbanísticas para dotación de servicios, la contratación de equipos de trabajo especializados y la puesta en marcha de un plan global y multidisciplinar de integración social. "Sólo con una decidida intervención de las administraciones veremos el final del túnel", aseveró Rafael Ruíz, director del estudio. El mapa de la pobreza y el plan de erradicación del chabolismo ha sido ya expuesto al resto de partidos políticos de izquierda, sindicatos y movimiento vecinal, a los que NE ha pedido un esfuerzo para aportar sugerencias hasta alcanzar el consenso necesario para que la actuación se incluya como compromiso unitario en la campaña electoral de 1999.
