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EL JUICIO DEL "CASO MAREY"

Planchuelo afirma que Barrionuevo prometió asumir su responsabilidad en el "caso GAL"

El ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao Miguel Planchuelo declaró ayer en el juicio por el secuestro de Segundo Marey que el ex ministro José Barrionuevo le prometió, 12 años después de los hechos, que asumiría su responsabilidad. Barrionuevo, según el policía, llegó a decir: "A ver si se pica Felipe González y nos echa un capote, que vendría muy bien". El policía, el único que testificó ayer, incurrió en contradicciones y pasó de puntillas sobre la intervención del ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea. Barrionuevo, tras tildar tal versión de "absolutamente falsa", remitió al vicepresidente Francisco Álvarez Cascos, "que debe saber mucho más de la preparación de estas declaraciones".

Planchuelo relató que en 1983 el entonces jefe superior de Policía de Bilbao, Francisco Álvarez, les preguntó a él y al subcomisario José Amedo en una cafetería si tenían inconveniente en participar en un asunto ordenado desde el Ministerio del Interior. Tales "operaciones especiales" contra miembros de ETA en Francia, según el comisario, tenían que contar "con el visto bueno del ministro, porque si no no se podrían llevar a cabo".En fechas posteriores, Planchuelo asistió a una reunión en San Sebastián con mercenarios franceses. Uno de éstos, Pedro Sánchez, habló de que podía entregar a "un importante miembro de ETA", que más tarde identificó fotográficamente como Mikel Lujua.

La operación encaminada al secuestro de Lujua fue dirigida por Álvarez, quien ordenó al inspector Francisco Sáiz Oceja que alquilara una cabaña cerca de Colindres (Cantabria) para trasladar allí al etarra. Planchuelo afirmó ayer que no supo que se había hecho tal alquiler, pese a que quien lo formalizó fue uno de sus subordinados.

Planchuelo recordó que el 4 de diciembre de 1983, tras el secuestro del supuesto Mikel Lujua, fue convocado por Álvarez. Mientras esperaba a ser recibido por el jefe superior, vió "pasar por allí" a Ricardo García Damborenea, en aquellas fechas secretario general del PSOE de Vizcaya.

Planchuelo testificó ayer que cuando fue convocado al despacho de Álvarez, se encontró con que también estaban allí el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, y García Damborena. "Estando en esa reunión, sonó el teléfono. Lo atendí yo. Era Rafael Vera, que dijo: "¡Julián...!" Entonces le pasé con el gobernador, al que le informó de que había habido una equivocación y que al que habían cogido se llamaba Segundo Marey".

Según el ex jefe de la Brigada de Información, se derrumbó al conocer el error, ya que sus "servicios antiterroristas no iban a poder interrogar" a esa persona, puesto que no era el etarra Lujua. Una hora después, se recibió una segunda llamada telefónica en el despacho de Álvarez y Planchuelo creyó entonces que se trataba de nuevo del director de la Seguidad del Estado Rafael Vera. Ayer dijo que oyó cómo Sancristóbal decía a su interlocutor que, pese al error, iban a mantenerlo secuestrado durante dos o tres días, a lo que quien estaba al otro lado del teléfono le replicó: "los días que hagan falta". A preguntas de Enrique Fernández de la Lama, defensor de García Damborenea, Planchuelo aseguró que éste apareció el día de los hechos por la Jefatura de Policía "porque le habían llamado". A continuación señaló que García Damborenea "iba de vez en cuando" por allí "porque iba a hacer prácticas de tiro".

De los tres comunicados de reivindicación del secuestro, Planchuelo negó con vehemencia el primero de ellos: "Para mí no existe, porque no lo hicieron mis superiores ni mis subordinados". En realidad, Planchuelo negaba la existencia del único comunicado que exige la liberación de cuatro geos detenidos en Francia a cambio de soltar a Marey, y cuya mera existencia eleva la pena por secuestro y el plazo de prescripción del delito de 10 a 15 años.

Una "operación legal"

Planchuelo expresó su convencimiento de que el secuestro de Marey fue una "operación legal". "Si el intento de canjear al etarra Larretxea por el capitán Martín Barrios fue legal, porque lo asumió el ministro, la siguiente operación también lo fue. Además, si nos dicen que es una cuestión de Estado..." Preguntado por el fiscal por qué no informaron a la autoridad judicial, el policía indicó: "No pudimos comunicar al juez de Bilbao la detención de Marey porque era una operación especial y pensé que lo habrían hecho desde Madrid...".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de mayo de 1998

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