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Editorial:

Primero, la verdad

ES LA HORA de la justicia. El primero de los sumarios del caso GAL, relativo al secuestro de Segundo Marey, llega a su momento procesal decisivo. A partir de hoy, con todas las garantías judiciales, comienza en el Tribunal Supremo la vista que debe conducir al esclarecimiento de los hechos.Durante un largo tiempo, al amparo de la mayoría absoluta del PSOE y de una escasa sensibilidad social frente a los excesos en la lucha antiterrorista, el caso Marey quedó en la oscuridad. Las condenas a los ex policías Amedo y Domínguez parecía que iban a dejar cerrado el caso, con la asunción por parte de éstos de un papel de chivos expiatorios que les sería recompensado. Pero la victoria del PSOE en 1993, frente a un PP que no había contado con la derrota entre sus cálculos, marcó un radical cambio en los acontecimientos. Amedo y Domínguez modificaron sus declaraciones ante el juez Garzón, protagonista de un apasionado episodio de fascinación y ruptura con Felipe González, y el caso GAL fue resucitado.

Las denuncias de la prensa, lideradas curiosamente por quienes años atrás habían contribuido de modo activo a banalizar los hechos, encontraron eco en una oposición encolerizada por su derrota. Empezó entonces un carrusel de torpezas de los gobernantes socialistas, incapaces de asumir las responsabilidades políticas que, sin duda, les correspondían. Su empecinamiento en no querer dar siquiera una explicación a la ciudadanía fue creciendo, al tiempo que se revelaban detalles de la guerra sucia y de su relación con comportamientos corruptos.

El Gobierno de González pagó estos desmanes con la pérdida de las elecciones en 1996. Pero la sombra de los GAL siguió persiguiendo a los socialistas, empeñados en la defensa numantina de Barrionuevo y Vera, hasta que la victoria de Borrell en las primarias tuvo un efecto catártico entre sus militantes y el significado de simbolizar, ante la sociedad, el paso de página. Es el momento de la justicia, y cualquier adherencia política es un estorbo. Dejemos a un lado las responsabilidades políticas que en su día no se quisieron asumir. Ahora ya es tarde. Dejemos también el uso y abuso político que del caso GAL hizo el Partido Popular desde la oposición, cuando vivía con desesperación su incapacidad para desalojar a González, y dejemos también las conspiraciones y los chantajes que han rodeado toda esta historia.

Es hora de que todo esto quede al margen para que la justicia ocupe el espacio central. Lo que en este momento se necesita es esclarecer la verdad, toda la verdad, en la medida en que sea posible. Puede que quepa invocar algunos atenuantes. Es tan legítimo pensar que operaciones de esta gravedad y envergadura sólo se podían hacer con el visto bueno de las altas jerarquías de la línea política de mando como que, si se optó por este camino, fue porque era un procedimiento que ya estaba en marcha, que ya había sido empleado por gobiernos anteriores. También sería bueno que sobre estas cosas se pudiera establecer la verdad. El tribunal debe, obviamente, tener en cuenta las estrategias sobre las que se montaron las denuncias, en la medida en que puedan afectar a las garantías de los procesados. Las declaraciones de los arrepentidos, utilizadas como transacción para mejorar sus posiciones, no pueden ser dejadas de lado, pero tampoco ser recibidas sin sospecha. Y cuando ha habido un largo trasiego de mensajes y sugerencias entre arrepentidos, testigos, periodistas y responsables políticos, esclarecer estos hechos tiene también su importancia procesal. Todo ello, sin distorsionar la jerarquía de los hechos.

La realidad primera es que un grupo de personas armadas, en conexión con el aparato del Estado, secuestraron y torturaron a Segundo Marey. Y ésos son los hechos sobre los que la justicia ha de pronunciarse. La decisión de la justicia debe producirse en las mejores condiciones posibles para la objetividad.

Deben rechazarse, por tanto, todos los intentos de última hora de seguir politizando el juicio. Ni la pegatina «Yo también soy Barrionuevo», una insensata iniciativa de sectores socialistas que muestra una sensibilidad para con los acusados que no tienen con las víctimas, ni las declaraciones de Felipe González colocando a la justicia ante problemas políticos que no son de su incumbencia, son aceptables cuando ya sólo los tribunales deben decidir. Como tampoco lo es que desde determinados medios de comunicación, arropados por sectores del partido del Gobierno, hayan dictado ya su sentencia, con el único objetivo de rechazar de antemano cualquier decisión judicial que no concuerde con sus deseos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de mayo de 1998